El Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital presentó este martes su Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, en el que se contienen los objetivos, presupuestos y metas en el despliegue de fibra óptica y 5G para los próximos cinco años.
Tanto el Plan de Conectividad como la Estrategia para el 5G prevén una inversión pública de 4.320 millones. De este montante, 883 millones ya se han incluido en los Presupuestos de 2021. Se espera además una inversión privada cercana a los 24.000 millones de euros.
Precisamente para favorecer esta inversión de las operadoras y empresas tecnológicas, en los documentos presentados por el Gobierno se incluyen una serie de mejoras administrativas y una exención para reducir el pago de la tasa por reserva de espectro radioeléctrico.
"Con el fin de acelerar y favorecer el despliegue de red por los operadores, transfiriendo al sector liquidez inmediata, se realizará una reducción temporal de las tasas por reserva de espectro radioeléctrico asociada a compromisos de despliegue 5G", indica el documento Estrategia 5G del Gobierno.
En él también se indica que el grado de reducción de la tasa será proporcional al grado de despliegue de red 5G realizado. Es decir, a mayor compromiso de despliegue, mayor factor de reducción de la tasa a aplicar.
Pago de las operadoras
La reducción (de la que no se dan más detalles, ni se explica su fórmula de cálculo) se aplicará en los años 2021, 2022 y 2023, periodo en el que el Gobierno espera se realice el mayor despliegue de infraestructura de redes.
Esta tasa es el pago que hacen los operadores por utilizar las bandas de frecuencias. Es además un pago que se hace a veinte años vista, por lo que a la larga representa un importante impacto en las cuentas de las operadoras.
Las fuentes del sector consultadas por Invertia indican que actualmente las cuatro grandes operadoras -Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil- pagan unos 140 millones de euros en conjunto al año por esta tasa. Una de las tres grandes podría pagar entre 35 y 40 millones de euros.
En este sentido, entre las compañías se aplaude la medida, pero piden más concreción respecto de las reducciones efectivas y cuánto representará en su factura final. El coste estimado del despliegue 5G es de entre 4.500 y 6.000 millones, unos 1.500 por cada compañía y sin incluir la subasta de frecuencias. En la Estrategia 5G, el Gobierno compromete 2.000 millones de dinero público hasta 2025.
Del mismo modo, y para facilitar la inversión, el Ejecutivo promete simplificar los procesos burocráticos en todas las Administraciones públicas.
Se perseguirá simplificar los trámites administrativos existentes, de modo que no sólo no actúen como una barrera al despliegue de infraestructuras, sino que "se evite la ralentización y se contribuya a la agilización de puesta en marcha de los planes de operadores".
Barreras administrativas
Para ello, se actuará en colaboración con los ayuntamientos y otras entidades locales para coordinar y agilizar actuaciones y despliegues. Se evita así la burocracia administrativa, una de las barreras de las que se quejan recurrentemente las operadoras en sus despliegues de redes.
De hecho, uno de los aspectos que a medio plazo tendrá un impacto significativo será la densificación de las redes en ámbitos urbanos (lo que supondrá un despliegue significativo de small cells).
Dado los diferentes enfoques que se pueden adoptar para realizarlo, se buscará la coordinación con la FEMP (Federación de municipios) y las CCAA para diseñar procedimientos genéricos que lo faciliten, alineado con las conclusiones que se obtengan en las pruebas realizadas. De igual modo, esta medida se complementará y coordinará con las medidas similares recogidas en el Plan de Conectividad.
Se trabajará también con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para unificar y homogeneizar la información concerniente a la concesión de permisos de uso y paso en corredores de transporte, con el objetivo de reducir los plazos de respuesta a dichas solicitudes.
En línea con lo anterior, se promoverá que las Administraciones públicas faciliten la utilización de sus infraestructuras (emplazamientos, canalizaciones, torres, espacios para facilidades de edge computing...) para el despliegue de redes 5G.