La carrera por los fondos de la UE entra en su recta final: constructoras y energéticas aventajan a las tecnológicas

La llegada de los 140.000 millones del Fondo Europeo de Reconstrucción ha generado una pequeña revolución en el tejido productivo español. A marchas forzadas todas las grandes empresas y parte de las medianas y pequeñas se han puesto manos a la obra para presentar proyectos que apuntalen sus esfuerzos inversores durante el próximo lustro.

En el caso de las grandes empresas cotizadas, el destino de estos fondos -72.000 millones hasta 2023- ha impulsado una carrera para presentar proyectos y cerrar cuando antes los montantes de inversión solicitados. En pocas semanas se han creado estructuras de gestión con el apoyo de consultoras como Deloitte y PwC, líneas específicas de la banca para recibir el dinero y departamentos dentro de las propias empresas para vehicular los recursos.

Y es que el tiempo apremia. Desde el pasado 15 de octubre y hasta el 31 de diciembre los estados miembros tienen plazo para presentar sus borradores. Y a partir del 1 de enero el reglamento entrará en vigor y hasta el 30 de abril, los estados podrán realizar la entrega formal de sus planes. En el caso español la ventanilla de presentación de proyectos ya está abierta.

En base a estos plazos, las últimas semanas han sido frenéticas para los equipos de planificación de las grandes empresas. Un periodo que nos han dejado algunos sectores que ya comienzan a despuntar en esta carrera como la construcción y las infraestructuras que han presentado un plan común; o algunas energéticas que ya han hecho públicos sus planes. 

Por el contrario, las tecnológicas y las operadoras de telecomunicaciones -que tienen reservados el 33% de estos recursos- mantienen un medido silencio y ultiman proyectos aunque sin hacer ninguna manifestación pública.

Infraestructuras

"Todos quieren subirse al carro, pero preferimos hablar cuando tengamos las adjudicaciones y no antes", dice un alto directivo del sector consultado por este diario, dejando caer que no necesariamente quien llegue antes lo hará mejor.

Lo cierto es que esta carrera por anunciar proyectos para los fondos europeos comienza a generar pequeñas diferencias entre empresas y sectores. Y es normal. El dinero es limitado, las necesidades son muchas y las promesas que ha hecho el Gobierno respecto de estos recursos probablemente hayan excedido en mucho los recursos realmente disponibles.

Una batalla que por el momento se juega en el terreno de los anuncios públicos. En esta línea los más adelantados son las constructoras y empresas de infraestructuras. El jueves pasado las patronales Seopan y Tecniberia presentaron un plan de inversiones por valor de 100.428 millones de euros para la modernización de las infraestructuras en el país, capaz de crear hasta 1,4 millones de empleos hasta el año 2026.

Se trata de 2.277 actuaciones repartidas en 10 macroproyectos y 32 líneas de inversión, que crearán 30.000 nuevos empleos en el ámbito de la ingeniería y hasta 1,4 millones de puestos de trabajo a tiempo completo en la construcción.

Las subvenciones por parte del Estado alcanzarían los 12.740 millones de euros, lo que supone el 17,8% de las ayudas directas destinadas a España por parte de los fondos europeos, mientras que la inversión privada coparía el importe restante hasta los 100.000 millones de euros, es decir, el 85%.

Plan de Recuperación

Endesa anunció también que ya presentó al Gobierno sus 110 proyectos por un montante total de 19.000 millones de euros, 16.000 millones "elegibles" para recibir ayudas. Según indicó su CEO José Bogas, habrá proyectos que puedan recibir ayudas de hasta el 50% del total del coste y otros solo el 10. "Se podría decir que la ayuda europea representará entre el 20 y el 25% del total del coste de esos proyectos", indicó.

Del mismo modo, los primeros espadas de las grandes empresas, Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), José Bogas (Endesa), Josu Jon Imaz (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) arroparon el pasado mes de noviembre los planes del ministerio de Teresa Ribera que prevé una inversión pública y privada en el desarrollo del hidrógeno verde de 8.900 millones hasta 2030.

En esta misma línea, la CEOE -que ha montado una oficina dentro de su estructura para asesorar a pymes y empresas medianas para la gestión de fondos- ha propuesto que las entidades bancarias (como los bancos Santander, BBVA, Caixabank o Sabadell) tramiten y asignen parte de las líneas de financiación para acelerar su distribución, especialmente entre las pymes.

Según el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno en octubre, el 37% de los 140.000 millones de transferencias europeas tendrán por destino proyectos de inversión vinculados a la transición ecológica y el 33% se enfocará en la agenda digital. El resto servirá para reducir las brechas de desigualdad de género y territorial y lograr una mayor cohesión social, por la vía de mejoras en las políticas de educación y de cuidados personales para mayores y dependientes.

Por sectores, los ejes del reparto de estos recursos serán la agenda urbana y la lucha contra la despoblación (16%), la recuperación de ecosistema y descarbonización (12%), la transición energética (9%), la modernización de la administración y del sistema productivo desde la digitalización para pequeñas y medianas empresas (17%) y ciencia y salud (17%).

Colaboración público-privada

Además, el mayor porcentaje se dedicara a educación y formación (18%), nueva economía y políticas de empleo (6%), desarrollo de la industria cultural y deporte (1,1%) y la modernización del sistema fiscal.

Con todo, el reparto de fondos se decidirá en el Consejo de Ministros, pero pasando antes por el filtro de la Oficina Económica de Moncloa de Manuel De la Rocha. Se premiarán los proyectos que generen empleo, en sectores señalados por el Gobierno como prioridades y que sean palanca de la inversión privada. 

El plan planteado por las constructoras y empresas de infraestructuras es un buen ejemplo del modelo que quiere el Gobierno. De hecho, en el caso de las tecnológicas y operadoras de telecomunicaciones, el Plan España Digital 2025 espera una aportación de 50.000 millones de los privados en tres años y compromete 20.000 millones de fondos europeos.

Para ello, el procedimiento de presentación es simple. El Ejecutivo pondrá en marcha un portal con una ventanilla única donde se resolverán dudas y se podrán realizar formalmente las solicitudes de manera sectorial o individual. En el caso del Ministerio de Transición Ecológica, a comienzos de mes se lanzó una Manifestación de Interés (call of interest) orientada a identificar y localizar proyectos solventes de hidrógeno renovable.

Gracias a ella, todos los agentes interesados disponen de un canal de comunicación en el marco del Plan de Recuperación. Podrán presentar sus proyectos incluyendo su impacto en toda la cadena de valor y desarrollo industrial, en el empleo, conocer su efecto transformador en la economía, descarbonización y en la cohesión social y territorial.

Nacen los PERTE

En el documento publicado por Transición Ecológica, se incluye una plantilla estándar donde se puede explicar paso por paso cada proyecto, con objetivos, ubicación, potencia a instalar, destino de la energía producida, etapas o fases del proyecto, etc. 

En este sentido, y para facilitar la aprobación de los fondos europeos, reducir la burocracia y reforzar la colaboración público-privada entre todas las Administraciones, el Ejecutivo ultima un Real Decreto ley.

Para facilitar la concesión y gestión de los fondos europeos se van a crear nuevas figuras legales. Concretamente, una fórmula de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

El texto prevé rebajar lo máximo posible los plazos de gestión y concesión de los proyectos relacionados con los fondos europeos. De esta manera, reducirá a la mitad los plazos de tramitación de estos proyectos y la fiscalización de las operaciones no superará los cinco días hábiles.