El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto para poner a disposición de las comunidades autónomas un total de 360 millones de euros, procedentes de los fondos europeos, destinados a impulsar la transformación digital del país a través de un conjunto de iniciativas.

En concreto, entre las medidas incluidas en el Real Decreto, se incluye facilitar a los colectivos vulnerables un bono de conectividad por valor de hasta 240 euros al año con el fin de que puedan contratar una conexión de banda ancha o mejorar la que ya tienen.

Otra de las iniciativas consiste en impulsar la conectividad de centros de interés, fundamentalmente aquellos donde se prestan servicios públicos, como pueden ser hospitales, escuelas, centros logísticos o polígonos industriales, entre otros.

Una tercera medida a la que irán destinadas estas ayudas consisten en adaptar las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios que estuvieran construidos antes del año 2020. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ha remarcado que con estas ayudas se trata de avanzar y acelerar la universalización del acceso a la banda ancha ultrarrápida en todo el territorio, incluyendo el impulso del despliegue del 5G en la España rural.

Ley de telecomunicaciones

Por otro lado, el Consejo también ha aprobado este martes el anteproyecto definitivo de Ley General de Telecomunicaciones, un texto que tiene como objetivo modernizar la antigua legislación española en materia de telecomunicaciones para adaptarla a las tecnologías que imperan actualmente.

Rodríguez ha señalado que entre sus objetivos están incentivar la inversión en redes, impulsar la coordinación entre todas las administraciones y unificar los contratos con distintos servicios relacionados con las telecomunicaciones que no existían cuando se realizó la anterior legislación.

Otras de sus metas son avanzar en el despliegue de obra civil relacionada con redes de alta capacidad y reducir los trámites administrativos para este tipo de gestiones, así como garantizar e igualar los derechos de los españoles al entorno europeo.

Este es uno de los tres grandes proyectos legislativos que tiene previsto aprobar el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el campo de las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales este 2021. Los otros dos son la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Ciberseguridad 5G, que se espera también pasen antes de que concluya el año por Consejo de Ministros.

Transposición de la legislación europea 

La Ley General de Telecomunicaciones es la encargada de transponer en España el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, aspecto que adquiere un carácter de urgente, ya que el Gobierno español ha incumplido el calendario que había fijado en su momento Bruselas. 

De hecho, el plazo para su trasposición venció el 21 de diciembre de 2020, por lo que la Comisión Europea (CE) ya ha dado un ultimátum a España, así como a otros países europeos, para que lo hagan cuanto antes. Previsiblemente, la ley se aprobará en el Congreso de los Diputados a lo largo de 2022.

Entre las medidas más relevantes incluidas en anteproyecto se encuentra fijar una velocidad de acceso a Internet mínima que garantice la prestación de determinados servicios digitales esenciales, como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet, a todos los ciudadanos.

Asimismo, el texto también elimina ciertos elementos del servicio universal de telecomunicaciones, como son las cabinas y las guías telefónicas, y establece la posibilidad de que dicho servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.

Otras medidas son la creación de un régimen de autorización de cables submarinos que discurran fuera del Espacio Económico Europeo y la de un régimen de información de puntos de interconexión de Internet y centros de datos. Todo ello para hacer un "seguimiento efectivo" de un mercado con alto potencial y promover las medidas adecuadas.