La precaridad salarial que padecen desde hace meses los teleoperadores como consecuencia de la elevada inflación y la congelación de sus sueldos desde el año 2019 no es el único de los problemas que padecen en la actualidad las plantillas el sector del contact center en España.

Los sindicatos denuncian que la postura que mantienen las empresas ha provocado que los recientes cambios normativos y los avances sociales que se han producido en España dejen a los trabajadores del sector en unas condiciones que no son coherentes con el nuevo modelo de contratación que impera en el país. 

En concreto, las formaciones sindicales alertan de que las compañías se resisten a eliminar todos los contratos por obra y servicio, pese a que la reforma laboral ha puesto fin a esta modalidad y a que existe una sentencia de la Audiencia Nacional que prohíbe su uso específico en este sector.

A esto suma que la gran mayoría de las empresas todavía no han aplicado la Ley del Teletrabajo y sigue escudándose en las condiciones sanitarias para mantener el modelo de trabajo en remoto aplicado durante la pandemia de la Covid-19, en el que los trabajadores no reciben ningún tipo de compensación por ello. 

Además, ninguna de las que forman parte de la patronal del sector CEX ha actualizado su plan de igualdad ni ha realizado las auditorías sobre las retribuciones salariales, pese a que el plazo para hacerlo que daba por la nueva la legislación sobre transparencia e igualdad retributiva hace semanas que venció.

Varias personas con banderas de distintos sindicatos participan en una concentración para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio sectorial del Contact Center en Madrid el 22 de febrero de 2022. Alberto Ortega Europa Press

Por todo ello, los sindicatos retoman este viernes las protestas iniciadas el pasado 22 de febrero y han convocado concentraciones ante las sedes, tiendas u oficinas de las grandes empresas que son clientes de las compañías contact center en diez ciudades españolas. 

Unas protestas que se producen como consecuencia de la postura que la patronal mantiene en la mesa negociadora del VII Convenio Colectivo de Contact Center, que se lleva reuniendo desde hace 27 meses "sin avances sustanciales que permitan vislumbrar un acuerdo que satisfaga los intereses de las plantillas".

Contrato por obra y servicio

Uno de los aspectos que denuncian los sindicatos es que las empresas de contact center se siguen resistiendo a poner fin a los contratos por obra y servicio. Una modalidad que desparece con la reforma laboral para las nuevas contrataciones. No obstante, aquellos contratos que fueron firmados antes de su entrada en vigor, se mantendrán hasta que pierdan su vigencia.

Sin embargo, ya hace varios meses que la justicia prohibió el uso de contratos por obra y servicio en el sector. En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo estableció que las empresas cuya actividad habitual es la prestación de servicios a terceros a través de contratas mercantiles no podían utilizarlos.

Dado que el sector de contact center cumple con este requisito, los sindicatos recurrieron a la Inspección de Trabajo para que obligará a las empresas a convertir a estos empleados en indefinidos. Además, interpusieron una demanda en la Audiencia Nacional porque el artículo 18 del convenio recoge que la contratación por obra y servicio es la normalizada en el sector.

Laura Domínguez Garrido, coordinadora sectorial de Contact Center CCOO Servicios, señala a EL ESPAÑOL-Invertia, señala que, pese a que la Audiencia les dio la razón, la patronal recurrió ante el Supremo. Aspecto al que se están agarrando algunas empresas para retrasar la conversión de los contratos por obra y servicio en indefinidos.

"Todavía hay muchas empresas que no están atendiendo a esas sentencias y siguen manteniendo los contratos por obra y servicio", coincide María Pedraza, secretaria sectorial federal de Oficinas y Seguros de FeSMC-UGT. No obstante, desde ambos sindicatos admiten que en los últimos tiempos hay empresas que sí están dando los pasos necesarios para aumentar el número de indefinidos.

Aún así, y pese a que se trata de una batalla que llevan tiempo librando los sindicatos, el porcentaje de indefinidos es de alrededor del 60%-70% del total de las plantillas y el resto corresponde tanto a los contratos por obra y servicio como a los realizados a través ETT por circunstancias de la producción.

Su nuevo campo de batalla en la negociación el convenio será la aplicación del contrato fijo discontinuo. Domínguez lamenta que la pretensión de la patronal será siempre evitar la contratación indefinida, pero advierte de que este contrato sólo se podrá aplicar bajo los preceptos legales y "no puede venir nunca a sustituir la contratación por obra y servicio". 

Ley del Teletrabajo

Otra de las legislaciones que tampoco están aplicando en estos momentos las empresas de contact center es la Ley del Teletrabajo. Las compañías se siguen agarrando al modelo habilitado durante la pandemia de la Covid-19, en la cual las compensaciones a los trabajadores debían ser acordados entre sus representantes y las empresas. Un acuerdo que en este sector no fue posible alcanzar.

Pedraza señala que en la actualidad alrededor del 90% de los teleoperadores siguen trabajando en remoto y no se les está compensado por los gastos en los que incurren por ello, como pueden ser los derivados de los contratos de Internet, luz, gas o agua o, incluso, por el uso de sus propios equipos en algunos casos. 

Domínguez considera "muy injusta" esta postura tras el esfuerzo que realizaron los trabajadores en el inicio de la pandemia para mantener el servicio de la noche a la mañana y advierte de que en cuanto se retiren las medidas de distancia social o el uso de mascarilla en interiores ya no podrán agarrarse a nada los que recurren al teletrabajo como medida sanitaria preventiva.

Por otro lado, la protesta de los sindicatos también tiene como finalidad de denunciar el incumplimiento de la legislación sobre transparencia e igualdad retributiva. A día de hoy, ninguna de las 21 empresas que forman parte de CEX han presentado un plan de igualdad actualizado, que además debe ser registrado de la misma manera que los convenios colectivos. 

De esta manera, las empresas incumplen los plazos fijados por la ley, que establecía que estos planes tenían que estar presentados antes de finales de enero de 2022. Tampoco han llegado a tiempo las auditorías retributivas de las empresas, que tenían que estar hechas antes del pasado mes de octubre. 

Tanto Pedraza como Domínguez inciden en la relevancia de esas auditorías para conocer la realidad de un sector que está altamente feminizado (más de un 70% de sus trabajadores son mujeres) en las bases, pero no así en los puestos de responsabilidad. No descartan que haya brechas salariales en los puestos de coordinador en adelante, pero recalcan que, sin estas auditorías, no es posible reconocerlas para luego poder solucionarlas.