La Ley General de Telecomunicaciones se votará por fin esta semana en el Congreso de los Diputados más de un año y medio después de que se conociera su primer borrador. El texto llega a la Cámara Baja previsiblemente con un amplio consenso que asegura su aprobación, pero también con un importante retraso sobre los planes previstos inicialmente por el Ejecutivo y los exigidos por Bruselas.
El Consejo de Ministros solicitó hace unas semanas que la ley se tramitara con carácter de urgencia. Solo unos días después se conoció que la Comisión Europea (CE) ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la transposición a su reglamento nacional del Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE, que se lleva a cabo mediante esta ley.
Tras una larga espera, el martes tanto la ley, como las enmiendas que han quedado 'vivas', serán sometidas a votación en Comisión. A continuación, el jueves se debatirá el proyecto de ley en la sesión plenaria del Congreso y, tras su aprobación, será remitido al Senado.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital han indicado a EL ESPAÑOL-Invertia que el Gobierno trabaja por alcanzar "el máximo consenso posible" en torno a ley, pero todo apunta que la Ley de 'Telecos' contará con un amplio apoyo tras incluirse en el texto enmiendas propuestas por gran parte de los grupos políticos.
De esta manera, seguiría los pasos del texto al que viene a sustituir. En 2014, la última Ley General de Telecomunicaciones de 2014 obtuvo el 95% de los votos a favor, tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado, gracias al respaldo de PP, PSOE y CiU tras muchas negociaciones.
Apoyo del PP
Aunque habrá que esperar unos días para conocer el voto definitivo de los partidos, el texto es probable que cuente con el apoyo del Partido Popular, que siempre ha mostrado su voluntad de respaldar los planes relacionados con la transformación digital del país. Siempre y cuando "no se hagan locuras" de última hora con las enmiendas.
Así lo demostraron, por ejemplo con su respaldo a las leyes de servicios electrónicos de confianza y la de transformación digital del sector financiero tras incluirse algunas sus enmiendas, como ha ocurrido en este caso.
Antenas de telecomunicaciones en la provincia de Teruel.
En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Javier Puente, portavoz de transformación digital del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, señala que en la formación política están "por el consenso" en una ley que pretende agilizar trámites administrativos para el despliegue de las redes de telecomunicaciones.
El senador popular, que fue ponente de la Ley de 2014, destaca que gracias al consenso logrado en su día, España es en la actualidad líder en kilómetros de despliegue de fibra óptica y cobertura 4G. "En esta ley de 2022 pretendemos que ese despliegue sea todavía más ágil y una mayor interacción entre administraciones", incide.
Novedades de la Ley
La Ley General de Telecomunicaciones es un texto regulatorio con un carácter bastante técnico. De hecho, el propio secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, ha señalado en alguna ocasión que "no es muy rompedor". No obstante, se trata de una legislación con "una enorme trascendencia".
Entre las novedades que trae la ley se incluyen una reforma del servicio universal de telecomunicaciones, una ampliación de funciones del 112 con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico, entre otras.
También incluye un conjunto de medidas destinadas a mejorar la transparencia de los contratos y la creación de un régimen de autorización de cables submarinos.
Asimismo, habilitará a las Administraciones públicas a prestar servicios de telecomunicaciones directamente, así como a instalar, desplegar y explotar redes, sin necesidad de hacerlo a través de otra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.
Años de retraso
Pero no todo son buenas noticias en torno a la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones. Lo cierto es que el texto llega a la Cámara Baja con bastante retraso. Cuando se presentó el borrador en septiembre de 2020, desde el Gobierno se indicó que la intención era que estuviera aprobada en la primera mitad de 2021.
Sin embargo, el Proyecto de Ley no llegó al Consejo de Ministros hasta noviembre de 2021 y, si todo va bien en el trámite parlamentario, no entrará en vigor hasta finales de mayo o junio. La solicitud de aprobación por la vía de urgencia permite acortar los plazos de su paso al Senado.
Uno de los motivos es que la Ley lleva a cabo la transposición al reglamento español del Código de las Comunicaciones Electrónicas de la UE. Algo que tenía que haber estado completado el 21 de diciembre de 2020, según los plazos fijados por la Comisión Europea (CE).
Su incumplimiento ha provocado incluso que Bruselas decidiera a principios de abril llevar a España y otros nueve países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por este retraso, tras dos avisos. Uno en febrero de 2021, cuando incoó un procedimiento de infracción a 24 países, y otro en septiembre del mismo año, cuando remitió dictámenes motivados a dieciocho Estados miembros por el mismo motivo.
Las peticiones de DigitalES
En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES, considera urgente reforzar la colaboración entre todos los agentes económicos y resolver los escollos que lastran la competitividad de un sector eminentemente estratégico para el futuro como es el de las telecomunicaciones. "La clave para todo ello radica, en buena medida, en la futura Ley", incide.
Ante su inminente aprobación, Calvo-Sotelo realiza varias peticiones a la nueva ley. La primera es que haga realidad el principio de level playing field que postula la CE. "Igualar las condiciones de mercado de los distintos actores que compiten en este mercado, como sustento base de la libre competencia, es también la puerta a un futuro más próspero y justo", incide.
Víctor Calvo-Sotelo, director general del DigitalES, durante su intervención en la mesa redonda 'El peso del 5G en el plan de recuperación, transformación y resiliencia tras la Covid 19', en la segunda jornada del II Observatorio 5G.
En segundo lugar, reclama que reduzca las trabas administrativas que ralentizan y dificultan la llegada de banda ancha a nuevos hogares y territorios. Así, recuerda que la anterior normativa, del año 2014, marcó importantes avances en ese sentido, "con resultados visiblemente exitosos".
"Desde DigitalES, creemos que sería positivo introducir mecanismos y mejoras que posibiliten una mayor agilidad y facilidad en la gestión y en la obtención de las correspondientes autorizaciones para el despliegue de las redes de muy alta capacidad", remarca el presidente de la patronal de las telecos, quien incide en que esto resulta especialmente acuciante en los entornos rurales.
Por último, el director general de DigitalES insta a que la tramitación de la ley fluya en un entorno de "cordialidad, colaboración y consenso; el mismo espíritu que acompañó a la ley que está llamada a suceder". Tal y como parece que va a suceder este próximo jueves.