Aunque la operadora ya no es la titular de esos activos, el organismo considera que el acuerdo de venta sellado entre ambas partes deja claro el papel que Telefónica sigue desempeñando como gestor de dicha parte de su red de cobre. En su opinión, el mercado regulado no se ve afectado dadas las condiciones del cierre.

Por ello, la CNMC descarta hacer cambios en la regulación a la que está sometida actualmente la compañía de telecomunicaciones. Además, considera que Telefónica debe seguir asumiendo las mismas obligaciones que hasta ahora por su designación como operador dominante, como son dar acceso a sus rivales a estos activos o gestionar el proceso de cierre de las centrales en las que prestan servicio.

Consulta pública

Telefónica ha vendido una parte de su red de cable de cobre en España en dos operaciones realizadas en diciembre de 2021 y marzo de 2022. Esta desinversión contemplaba además un contrato de arrendamiento con su nuevo dueño, el fondo de inversión Macquarie, para que la operadora pudiera seguir prestando servicios sobre dicha red. 

La CNMC, conforme a su papel como entidad encargada de garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas, ha decidido poner en marcha una consulta pública sobre la operación. Esta no necesitaba la aprobación del regulador, aunque sí debía ser notificada al mismo.

La Comisión señala que la legislación contempla que, en el caso de que se lleve a cabo un proceso de separación voluntaria de sus activos, como ocurre este caso, procederá a evaluar los efectos que puede tener sobre las obligaciones impuestas a Telefónica. Tras este proceso, podrá imponer, mantener, modificar o suprimir dichas obligaciones. 

Rol de Telefónica

Una vez hecho el análisis, el organismo constata que, según los acuerdos de venta y posterior arrendamiento de estos activos, se concluye que hasta la fecha de finalización del arrendamiento y el cese de las obligaciones regulatorias establecidas "corresponderá exclusivamente a Telefónica seguir proveyendo los servicios mayoristas" vinculados a la red tradicional de este operador. 

"Los acuerdos de venta y arrendamiento suscritos entre las partes no dejan lugar a dudas sobre el rol de Telefónica (y no el comprador) como gestor de los activos de cobre a partir de los cuales se prestarán los servicios de comunicaciones electrónicas, en los mismos términos que hasta la fecha", afirma. 

Sede de Telefónica en Madrid. Telefónica

En este sentido, considera que el comprador no asume ningún tipo de responsabilidad en materia de explotación, gestión y mantenimiento de los activos, "correspondiendo exclusivamente a Telefónica el cumplimiento de las obligaciones que puedan emanar de la normativa".

"Telefónica seguirá por consiguiente estando obligada a garantizar el respeto de la regulación existente, incluyendo en particular las resoluciones dictadas por la CNMC en el ámbito de la regulación ex ante de mercados y las correspondientes medidas de implementación adoptadas por este organismo", incide. 

Por todo ello, considera que resulta "evidente" que esta operación "no es susceptible" de dar lugar a una revisión de los mercados actualmente sometidos a regulación ex ante o a una modificación de las obligaciones contenidas en los mercados relacionados con el acceso a su red de cobre.

"Como se ha visto, los acuerdos de compraventa y arrendamiento analizados establecen de manera inequívoca que Telefónica -y sólo Telefónica- deberá seguir garantizando en los mismos términos el cumplimiento de las obligaciones regulatorias vigentes", insiste la CNMC, que remarca que "ningún aspecto de los acuerdos supone un obstáculo para dar cumplimiento a dichas obligaciones". 

Otras obligaciones

Por otro lado, la CNMC también apunta que Telefónica será "en última instancia" la responsable de los posibles incumplimientos que puedan producirse en relación con el acceso por parte de terceros actores a esta parte de su red que opera en régimen de arrendamiento.

Asimismo, es la única responsable de cumplir con el marco definido para el cierre de las centrales de cobre. En consecuencia, la Comisión resalta que las fechas de cierre comunicadas por la compañía que contienen cables incluidos en esta operación "siguen resultando plenamente aplicables".

Sede de la CNMC

"Telefónica sigue siendo la responsable de comunicar a la CNMC y a los operadores todos los aspectos relacionados con las fechas de cierre de las referidas centrales, así como de gestionar cualquier posible retraso en dicho cierre o modificación de las fechas, cualquiera que sea su causa, de acuerdo con el marco aprobado", detalla.

Otro requisito que tendrá que seguir cumpliendo la compañía es el de prestar las obligaciones de servicio universal con la parte de la red de cobre incluida en esta operación de venta, dado que todavía hay zonas cubiertas por estos activos en las que no hay despliegue de fibra óptica. 

Cierre de centrales de cobre

Telefónica inició en 2015 un plan de cierre de centrales de su red de cobre y se ha marcado como el objetivo que en 2025 se hayan clausurado todas ellas. Las dos primeras que cerraron fueron Can Rabella (Barcelona) y Peñascales (Madrid) hace siete años. Actualmente, la lista de centrales cuyo cierre ha sido comunicado por Telefónica contiene 3.833, de las cuales 1.024 ya han cerrado.

La CNMC estima que en los próximos años habrá un número creciente de centrales con desagregación (y, por ende, de gran tamaño) que cerrarán. Es previsible que este número crezca tras la reciente aprobación de la revisión de la regulación, que reduce el período de garantía a dos años, frente a los cinco que se contemplaba para las que fueron notificadas hasta octubre de 2021.