El debate sobre si los gigantes tecnológicos deben financiar o no las redes sigue marcando la agenda del sector de las telecomunicaciones en Europa. Los operadores han intensificado en los últimos días sus presiones para lograr que compañías como Amazon, Google o Meta contribuyan económicamente al despliegue de estas infraestructuras. Unas exigencias que siguen encontrándose con el rechazo frontal de las big tech.
Aunque se trata de un debate que no es precisamente nuevo, la decisión de Bruselas de llevar a cabo, a principios de 2023, una consulta sobre este asunto ha vuelto a poner el foco sobre cómo se puede alcanzar "una contribución justa" de todos los actores del ecosistema digital a la financiación del despliegue y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones.
Por delante queda todavía un largo y amplio proceso (la consulta durará unos cinco o seis meses y luego vendrá un proceso legislativo de uno o dos años), pero las operadoras ya han vuelto a poner sobre la mesa todos los argumentos con los que llevan tiempo intentando convencer a la Comisión Europea de que el modelo actual no es sostenible en el tiempo.
Carta de los CEOs
Hace unos días los consejeros delegados de 17 grandes telecos europeas publicaron una carta conjunta en la que defienden que la necesidad de que Europa cuente con un ecosistema de Internet "próspero y sostenible" en interés de todos los ciudadanos. Por ello, inciden en la importancia de reforzarlo "con rapidez", algo que pasa, en su opinión, por asegurar esa "contribución justa" de las big tech a la financiación de las redes.
"Para que esto suceda, y para que sea sostenible en el tiempo, creemos que los mayores generadores de tráfico en Internet deberían hacer una contribución justa a los importantes costes que soportan actualmente a las redes europeas. Debemos asegurarnos de que Europa no sufra escasez de infraestructura digital", advierten.
José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica, durante la junta general de accionistas 2022
En este sentido, aseguran una "contribución justa" de las grandes tecnológicas beneficiaría ante todo a los consumidores, ya que permitiría un despliegue más rápido e inclusivo, y a las pymes. Además, creen que enviaría una "señal financiera clara" a las gigantes del streaming del impacto que el crecimiento del tráfico de datos tiene en unos recursos de redes escasos.
Incluso, aseguran que las propias empresas tecnológicas saldrán beneficiadas de todo esto, ya que son las que más dependen de que se lleven a cabo actualizaciones masivas de la red. Sin olvidarse del impacto positivo para el medioambiente que tiene el actualizarla a tecnologías de nueva generación.
Por ello, muestran su satisfacción por la consulta anunciada recientemente por Bruselas, ya que sentará las bases para "una iniciativa legislativa sólida" que aborde de manera efectiva el asunto. Además, niegan que su petición afecte a los valores de Internet, como argumentan aquellos que se oponen a ella. "Somos respetuosos y apoyamos plenamente la necesidad de defender los principios de Internet abierta de la UE", aseguran.
En esta misma línea, la filial europea de la GSMA, la asociación que engloba a la industria de la tecnología móvil y que se encarga de organizar el MWC de Barcelona, emitió esta semana un comunicado en el que destaca las constantes inversiones que deben hacer los operadores de telefonía para asumir los crecientes flujos de datos en sus redes.
Regulación y fiscalidad
Además, añade que a este mayor tráfico se le suman otras exigencias reglamentarias y fiscales propias del sector que añade una "presión adicional" a sus inversiones. Así, detalla que se enfrentan a obligaciones regulatorias asimétricas, además de a impuestos y tasas específicas, que vienen acompañados por un "desequilibrio del mercado" a lo largo de toda la cadena de valor digital.
En este contexto, remarca que todos los actores del ecosistema de Internet deben tener la oportunidad de obtener "un rendimiento justo" en un mercado competitivo. Para lograrlo, reclama un diálogo entre los líderes del sector, las partes interesadas y los responsables políticos para garantizar que la asimetría normativa, las distorsiones del mercado u otros factores no limiten esta capacidad y lograr que existan los incentivos adecuados para la inversión en infraestructuras digitales.
Pero las operadoras no se están limitando a plasmar por escrito sus peticiones. En un reciente foro organizado en Bruselas por Financial Times y ETNO, la patronal de las telecos europeas, las principales empresas del sector volvieron a abordar la financiación de las redes, tal y como señala Credit Suisse en un informe en el que recoge las principales conclusiones del evento.
Por ejemplo, en este encuentro, Christel Heydemann, consejera delegada de Orange, recordó que las seis mayores empresas tecnológicas del mundo representan el 55% del tráfico que circula por las redes y subrayó que estas compañías se benefician de unas infraestructuras que no pagan.
Christel Heydemann, consejera delegada de Orange Group
En esta línea, Laura Abasolo, directora general de Finanzas y Control para Telefónica y responsable de Hispanoamérica añadió que los operadores no están pudiendo monetizar este aumento del tráfico e incluso añadía una cifra: "Una contribución más justa a la inversión en redes será fundamental para cerrar la brecha de los 300.000 millones de euros que necesitamos para conectar la Unión Europea".
Unas declaraciones que recoge Telefónica en una entrada en su blog, en la que también apunta que Guillaume Boutin, consejero delegado de la operadora Proximus, defendió en el encuentro que es urgente que la UE cree un ecosistema que facilite la inversión y haga que la innovación pueda prosperar.
Google dice 'no'
Pero en el evento organizado por FT y ETNO no solo expresaron sus opiniones sobre este asunto las operadoras de telecomunicaciones europeas. También lo hizo Alphabet, la empresa matriz de Google y unas de esas seis compañías a la que las operadoras reclaman que colaboren en la financiación de las redes.
Matt Brittin, presidente de Alphabet en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA), advirtió de que imponer un impuesto a las big tech para ese fin podría traducirse en unos mayores precios para los consumidores por sus servicios, algo especialmente relevante en el actual contexto de alta inflación, y en un freno la innovación.
Logo de Google en la sede de la compañía en Mountain View
Además, añadió que la idea de que "el remitente paga" no es una precisamente nueva y acabaría con muchos de los principios del internet abierto. "Estos argumentos son similares a los que escuchamos hace diez o más años y no hemos visto nuevos datos que reflejan que la situación ha cambiado", incidió.
La de Google no es la única voz que mostró sus dudas sobre la petición de las operadoras en este evento. Y es que el regulador europeo de las comunicaciones electrónicas BEREC hasta el momento no ha sido especialmente partidario de que las grandes tecnológicas contribuyan a la financiación y no está claro cuál será su postura ante la próxima consulta.
Su presidente Konstantinos Masselos afirmó que esta opción ya se estudió en 2012 y 2017 y en ambos casos se descartó modificar la regulación del sector. No obstante, apuntó que en 2023 presentará un nuevo análisis con sus últimos puntos de vista, pero aún no está claro si un hipotético cambio en la regulación irá más allá de algo meramente simbólico.