Las nuevas directrices de la CE para las ayudas al despliegue de redes permitirán a España llevar la fibra a más hogares

Fuentes del sector hacen una lectura positiva del impacto que estas nuevas directrices van a tener en los programas UNICO, el paraguas que engloba los distintos proyectos con los que el Gobierno pretende que el 100% de la población española tenga cobertura de banda ancha ultra rápida (100 Mbps) en 2025 y que el 75% esté conectada al 5G en bandas prioritarias en ese mismo año.

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, las fuentes explican que con las modificaciones anunciadas por Bruselas, el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, podrá ser más preciso a la hora de definir a dónde van dirigidas las ayudas.

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Así, detallan que a que a partir de ahora se va a poder realizar con más detalle el mapeo de las zonas a las que pueden ir destinadas las ayudas, lo que permitirá incluir más unidades inmobiliarias en las convocatorias. En concreto, señalan que es probable que se puedan limitar el tamaño de los proyectos, dividiendo las provincias con más unidades elegibles.

Precisamente, una vez publicadas estas nuevas directrices, el Gobierno puede avanzar en el desarrollo de la orden de bases para la convocatoria de 2023 del plan UNICO - Banda ancha, aunque como ya adelantó en una reunión con operadores celebrada a principios de diciembre, se seguirá esencialmente el esquema anterior.

UNICO-Banda ancha

No obstante, según recoge la presentación preparada por el Ministerio de Economía para esa reunión y colgada en su página web, se llevarán a cabo las modificaciones que sean necesarias para adaptarse a la tipología de las zonas remanentes, "adecuándose a las nuevas directrices de ayudas a la banda ancha".

Según el calendario previsto por el Ministerio, a principios de 2023 se realizarán el diseño de la orden de bases, la consulta pública del borrador y la prenotificación a Bruselas. La notificación oficial tendrá lugar en abril y se espera obtener la aprobación unas semanas después. De confirmarse este plazos, la publicación de la orden de bases y la convocatoria de UNICO-Banda ancha 2023 tendrá lugar el próximo julio.

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Todavía se desconoce el importe de las ayudas, pero sí está previsto que sea algo inferior a los 250 millones de euros que se destinaron en 2021 y 2022. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia destina un total de 812 millones de euros a los programas de extensión de la banda ancha ultrarrápida.

En la convocatoria de 2022, la resolución definitiva adjudicó 244,6 millones de euros a 50 proyectos con el objetivo de llevar acceso a conexión en banda ancha ultra rápida a 728.500 hogares y empresas. Sumados todos los programas puestos en marcha desde 2018, se han invertido más de 1.500 millones de euros para llevar las redes de nueva generación a las zonas más remotas del país. 

Nuevas directrices

Bruselas dio conocer hace unos días el resultado de su revisión de las directrices que establecen las normas con arreglo a las cuales la Comisión Europea evaluará a partir de ahora las ayudas públicas que los Estados miembros destinan a apoyar el despliegue y la adopción de redes de banda ancha. 

La CE explica que estas nuevas reglas, que entraran en vigor en el mes de enero de 2023 nada más se publiquen en Diario Oficial de la Unión Europea (UE), buscan ayudar a alcanzar el objetivo de que en 2030 todos los ciudadanos europeos tengan conectividad de un gigabit y cobertura 5G. 

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"Las nuevas normas tienen por objeto ayudar a los Estados miembros a cumplir con los ambiciosos objetivos de conectividad de la UE, al menor coste posible para los contribuyentes y sin distorsiones indebidas en la competencia dentro del mercado único", detalla en un comunicado.

Para ello, las nuevas directrices alinearán las ayudas públicas a los despliegues de redes fijas con los últimos avances tecnológicos y de mercado. En concreto, Bruselas permitirá a los Estados miembros financiar despliegues en zonas en las que los usuarios no tienen acceso a redes privadas de al menos 1 Gbps de subida y 150 Mbps de bajada y tampoco es probable que lo tengan. 

Una persona utilizando un ordenador portátil en el campo.

A este respecto, detalla que cualquier ayuda que conceda el Estado deberá ir destinada a planes que "al menos tripliquen la velocidad de descarga disponible" y, en áreas competitivas, proporcionen velocidades de descarga de al menos 1 Gbps y 150 Mbps de subida.

En cuanto a las redes de telefonía móvil, incluidas las de 5G, las nuevas directrices autorizan a los Gobiernos a financiar el despliegue en zonas en las que se descarte la inversión privada y no se garantice el acceso a la telefonía móvil con otras medidas, como las obligaciones de cobertura asociadas al uso de parte del espectro radioeléctrico.

Bonos sociales y burocracia

Por otro lado, las normas que entrarán en vigor en enero también detallan los criterios a seguir por las Estados miembros a la hora de poner en marcha bonos sociales y de conectividad con el objetivo de incentivar a consumidores y empresas a utilizar los servicios de banda ancha.

Asimismo, también se simplifican ciertas reglas para facilitar la aplicación práctica de las nuevas directrices y reducir los trámites burocráticos para empresas y administraciones públicas. Por ejemplo, los Estados podrán exigir a los operadores que proporcionen el conjunto más apropiado de productos de acceso mayorista, con el fin de reducir costes, al tiempo que se preserva la competencia.

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Otro de los cambios es una mejora de la orientación sobre determinados conceptos que son importantes para la evaluación de las ayudas estatales que lleva a cabo la Comisión, como la cartografía, las consultas públicas, el procedimiento de selección, los precios de acceso mayorista o los mecanismos de recuperación.

En esta línea, también se actualizan los criterios utilizados para sopesar el impacto positivo de la ayuda frente a sus efectos negativos sobre la competencia y el mercado. Para ello, la evaluación tendrá en cuenta diferentes efectos posibles, como su contribución a los objetivos de transición verde y digital de la UE.