Telefónica confía en ganar el recurso que ha presentado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tras la decisión de la Corte Suprema de Perú de dar la razón a las autoridades de Hacienda del país en el litigio que mantenían desde hace dos décadas por el Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000 y 2001.
Según han informado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes conocedoras, en el grupo de telecomunicaciones consideran que cuentan con argumentos más que suficientes para conseguir que este organismo dependiente del Banco Mundial falle a su favor en este caso, teniendo en cuenta que los intereses que deberá abonar Telefónica representan el 80% de la multa.
El importe principal de la sanción que la Hacienda peruana ha impuesto a Telefónica es de alrededor de 100 millones de euros. Sin embargo, la compañía provisionó el pasado 30 de septiembre para este caso un total 3.063 millones de soles peruanos, equivalente a 790 millones de euros al tipo de cambio al 30 de septiembre de 2022.
Esta amplia diferencia entre el importe del principal y la cantidad provisionada obedece a la desorbitada cantidad de intereses que tendrá que pagar Telefónica, tanto por el tiempo que ha tardado en resolverse el litigio como por el método que durante años aplicó el país para calcular su importe.
La fórmula empleada por la Administración Tributaria peruana aplicaba cada año los intereses no sobre el montante principal de 100 millones de euros como debería haber hecho, sino sobre la suma de esta cifra y los intereses cobrados en años anteriores.
Doble imposición
En consecuencia, Telefónica ha estado durante años sufriendo una doble imposición al ver cómo se le cobraba intereses sobre los intereses que se habían ido acumulando a lo largo de los años anteriores.
Este método fue el empleado desde 2004, año en el que se levantó el acta, hasta 2014, en el que el Tribunal Constitucional de Perú lo consideró "inconstitucional". De hecho, era el único país que aplicaba esta fórmula, contraria a las prácticas que se utilizaban a nivel internacional en procesos equivalentes.
Sede de Telefónica en Madrid
Otro argumento que respalda a la compañía es el excesivo periodo de tiempo que ha tardado la justicia peruana en resolver esta controversia, alrededor de dos décadas. Un retraso no atribuible a la compañía y que ha provocado un incremento "exponencial" del montante original de las disputas.
Todo ello hace que sea más que probable que el CIADI termine dando la razón a Telefónica y que, en caso de finalmente haya algún tipo de sanción, esté muy alejado de los 790 millones de euros que el grupo ha tenido que provisionar.
Conflictos en Perú
La sentencia conocida ayer, y que era esperada por la compañía, afecta únicamente a uno de los "numerosos procesos judiciales" que Telefónica mantiene abiertos en Perú por asuntos fiscales relativos a los impuestos sobre sociedades e IVA correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 1998 y 2005, siendo los más relevantes los que afectan al periodo entre 1998 y 2001.
De hecho, la compañía ha venido realizando en los últimos años distintas provisiones en sus cuentas para hacer frente a todos estos litigios. En el caso del conflicto sobre el que se ha conocido sentencia este miércoles, Telefónica lleva ajustando sus provisiones desde 2015.
En un comunicado emitido el pasado mes de octubre, Telefónica recuerda que en sus más de veintiocho años de operaciones en el país ha cumplido con declarar y pagar oportunamente más de 10.000 millones de soles (unos 2.400 millones de euros al tipo de cambio actual) por el Impuesto a la Renta, lo que convierte a la compañía en uno de los principales contribuyentes del país.