Ahora se abre un periodo de al menos 90 días hábiles en el que Orange y MásMóvil tendrán que demostrar a la Comisión Europea que su fusión no va a reducir la competencia ni va a provocar una subida de precios en España y, a su vez, Bruselas tendrá que justificar sus reservas iniciales a la operación. 

Portavoces de ambas compañías destacan que durante este análisis exhaustivo tendrán el tiempo y la oportunidad de demostrar a la CE que esta transacción es "beneficiosa" tanto para los consumidores españoles como para el sector, ya que garantizará "el despliegue sostenible de 5G y de la fibra a mayor escala en un mercado muy competitivo".

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A este respecto, fuentes del sector han añadido en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia que ambas compañías siguen confiando en que la operación sea aprobada en esta segunda fase sin excesivas condiciones o incluso con ninguna, como han defendido públicamente tanto Orange y MásMóvil como algunos de sus rivales a lo largo de los últimos meses.

En caso de que finalmente la Comisión Europea exija a ambas compañías algún tipo de remedie para poder dar el visto bueno a la fusión, entre los más probables se encuentran la venta de algunas infraestructuras o de frecuencias de espectro a sus rivales, el cierre de acuerdos mayoristas con operadores virtuales o alguna solución híbrida entre ambas opciones. 

Reservas preliminares

En el comunicado en el que anuncia la apertura de esta fase II del análisis de la fusión, Bruselas afirma que le preocupa que la operación pueda reducir la competencia en la prestación minorista de servicios de banda ancha móvil y fija y en la oferta de paquetes de servicios múltiples en España.

"La operación disminuiría el número de operadores de red en España, eliminando así un competidor innovador y significativo. Esto podría dar lugar a precios más elevados y a una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones para los clientes", señala.

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager Comisión Europea

Desde el sector recuerdan que, como han reiterado en repetidas ocasiones, en España hay ocho operadores convergentes que facturan más de 100 millones de euros anuales, por lo que esta operación no supone una reducción de "cuatro a tres" operadores en España, sino de ocho a siete.

A ello se suman, más de 140 operadores virtuales, algunos de los cuales han sido creado por empresas de otros sectores como la distribución o el servicio postal. De hecho, Correos aseguró la pasada semana que captan entre 90 y 100 líneas al día y mostró su intención de revitalizar este negocio. 

Mercado mayorista

La segunda de las preocupaciones concretas de Bruselas es que, como resultado de la operación, Orange y MásMóvil tendrían la capacidad y el incentivo para restringir el acceso de los operadores virtuales a la red móvil al por mayor.

"Esto podría reducir la capacidad de estos operadores para competir, lo que a su vez puede traducirse en precios más elevados y una menor calidad de los servicios para los clientes finales en España", incide. 

En este sentido, desde el sector recuerdan que el operador más disruptivo en estos momentos en materia de precios es Digi, compañía a la que no afectará la fusión entre Orange y MásMóvil, ya que su proveedor mayorista es Telefónica.

"La intención de la operación nunca ha sido subir los precios, pero aunque ambas empresas quisieran no es posible con tanto competidor ofreciendo precios tan baratos", inciden las fuentes. 

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En cuanto a las preocupaciones sobre el impacto en el mercado mayorista, añaden que el alto volumen de operadores móviles virtuales (OMV) que existe en España y el hecho de que el que más está presionado el mercado sea un OMV indica lo bien que funciona este segmento en el país.

Además, agregan que los tres grandes operadores mayoristas del país seguirán siendo los mismos (Telefónica, Orange y Vodafone). MásMóvil apenas tiene presencia en este negocio y tampoco cuenta con un alto volumen de activos de infraestructuras tras vender parte de ellos y cerrar acuerdos de uso con otras compañías como Orange.

Posibles remedies

Pese a todo esto, no está garantizado que Bruselas dé el visto bueno a la operación sin ninguna condición. Una de las medidas que previsiblemente tendrán que adoptar Orange y MásMóvil es la venta de espectro, ya que la entidad resultante de la fusión superaría el máximo permitido en algunas bandas. 

La empresa combinada tendría dos opciones: devolver el espectro sobrante al Estado o vendérselo a otro operador. Entre los posibles compradores se especula con nombres como Digi, Finetwork o Avatel. Sin embargo, el éxito de estas compañías en los últimos años demuestra que un operador puede crecer y ser competitivo sin la necesidad de tener espectro, que conlleva además un coste para su propietario.

Exteriores de la sede de Orange en Madrid. Ricardo Rubio Europa Press

Además, el Gobierno está preparando una reforma del espectro para elevar esos límites máximos (spectrum cap) de MHz que puede tener un operador en una banda, lo que permitiría a Telefónica y Vodafone quedarse con parte del exceso de espectro de la empresa resultante de la fusión y evitar que todo recaiga en un cuarto operador.  

Otro de los remedies que podría exigir Bruselas es la venta de algunos activos de infraestructura en el caso de que se detecte que la fusión crea un operador con una posición dominante en el mercado en este ámbito. 

También es posible que el nuevo operador esté obligado a firmar acuerdos mayoristas con otros operadores para darles acceso a sus redes a precios regulados y asequibles. O incluso una solución híbrida, en la que se combine la venta de activos con acuerdos mayoristas.

Cualquier posible condición saldrá de la investigación que inició este lunes Bruselas, y que se prolongará al menos hasta el 21 de agosto, si no hay retrasos. Será entonces cuando se conozca si se confirman las reservas iniciales en materia de competencia de la Comisión Europea o los operadores logran hacer ver al regulador que la fusión es beneficiosa para todos.