Italia cambia de opinión sobre la contribución de las grandes tecnológicas a la financiación de las redes de telecomunicaciones. El país, que junto con España y Francia fue unos de los primeros en ponerse del lado de las operadoras en el debate del conocido como 'fair share', ha dado un giro de 180 grados en su postura tras la llegada de Giorgia Meloni al poder y advierte ahora de que cualquier decisión a este respecto sería "prematura".
Así lo ha asegurado Alessio Butti, subsecretario de Innovación del Gobierno de Italia, en una carta remitida a la Comisión Europea (CE), en la que pide que se posponga cualquier decisión a la espera de más pruebas y datos y alerta de que obligar a las 'Big Tech' a financiar las redes podría provocar subidas de precios.
Butti asumió la Subsecretaría de Innovación el pasado mes de noviembre después de que Giorgia Meloni fuera nombrada primera ministra de Italia. Con este cambio de gobierno también se ha producido un cambio de postura en cuanto al 'fair share', más favorable a las reclamaciones de los gigantes digitales.
[El 'fair share' divide a Europa: la sostenibilidad de las 'telecos', en riesgo]
Hasta entonces, el Gobierno de Mario Draghi, con el expresidente de Vodafone Group Vittorio Colao como ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital, había respaldado la petición de las 'telecos' de buscar una solución a la falta de contribución de las 'Big Tech' al desarrollo de las redes cuando estas compañías generan más de la mitad del tráfico que circula por ellas.
Italia se enmarcaba entonces en el grupo de países que apoyan la tesis del 'fair share' junto a economías como Francia o España, donde Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se ha manifestado públicamente en varias ocasiones a favor de encontrar una solución a la actual situación de desequilibrio.
Por el contrario, con la llegada de Meloni al Ejecutivo, Italia ha pasado a mantener una posición más cercana a la de las economías del centro y el norte de Europa, incluida Alemania, que ya trasladaron en la consulta pública que celebró Bruselas a principios de año su rechazo a cualquier iniciativa en este sentido.
Dicha consulta pública impulsada por Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, se cerró a mediados de mayo con una gran expectación y un importante número de aportaciones. En concreto, un total de 437. Está previsto que las conclusiones de la misma se den a conocer antes de que acabe 2023, pero por el momento no hay fecha confirmada al respecto.
Postura de Italia
En su carta a la Comisión Europea recogida por varios medios italianos, Butti advierte de que impulsar una contribución directa de los proveedores de contenidos a la financiación de las redes genera el riesgo de crear "una situación en la que los operadores utilicen su poder de mercado" y advierte de que podría ser "contraproducente" y crear un "círculo vicioso de precios más altos".
Asimismo, recuerda que en Italia ya existen ayudas públicas para hacer frente a posibles fallos del mercado, como por ejemplo fondos para mejorar la conectividad en las zonas rurales del país. "El dinero está ahí, pero los operadores no están haciendo su trabajo a tiempo", resalta.
Butti también asegura que las cifras que da Bruselas sobre las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos digitales fijados para 2030 "no son correctas" en lo que a Italia se refiere y pide a la CE que siga investigando y muestre pruebas y datos antes de proponer nuevas medidas a las que asegura, hoy en día, el Gobierno italiano se opondría.
Asimismo, el subsecretario italiano de Innovación reclama a la CE que tenga en cuenta los resultados de la consulta pública y que escuche las posiciones de los distintos gobiernos nacionales antes de tomar cualquier decisión al respecto. "Cualquier propuesta tal y como está planteada es prematura", insiste.
Tras esta carta, Diego Ciulli, responsable de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Italia, publicó un mensaje en la red social LinkedIn en el que señalaba que la nueva posición del Gobierno italiano está en línea con el interés nacional y afirmó que "un impuesto sobre Internet inevitablemente afectaría a la industria creativa italiana y ralentizaría la digitalización del país".
"Pero con este movimiento, Italia también asume el liderazgo de los países que se oponen a la propuesta de la Comisión y después de muchos años vuelve a tener un papel activo y autónomo en las políticas europeas de innovación. En resumen, es algo importante", agregó.
Telecom Act
Mientras tanto, en Bruselas siguen trabajando en una regulación para el sector de las telecomunicaciones en la que se abordará no sólo el tema de la contribución justa de las grandes tecnológicas a la financiación de las redes, sino otras medidas destinadas a conseguir una industria europea de las telecomunicaciones robusta y competitiva.
"Estén atentos a los próximos pasos sobre cómo podemos lograr que los operadores de telecomunicaciones mejoren su acceso al Mercado Único y alcancen la escala y las condiciones adecuadas para sostener las inversiones en la infraestructura de red del futuro de una manera eficiente y oportuna", aseguraba hace unos días Breton en un mensaje en su cuenta de LinkedIn.
En concreto, el comisario europeo apuntaba que se está elaborando una 'Telecom Act', un nuevo enfoque industrial para aprovechar también la fortaleza del mercado único en un sector que facilita todos los servicios, mercados y tecnologías digitales: "el sector de la conectividad".