La Eurocámara pedirá a Von der Leyen que vigile la compra saudí del 9,9% en Telefónica por "riesgo a la seguridad"

Así lo han confirmado a este diario fuentes de ese comité, que invocará la normativa comunitaria para que la Comisión se vea obligada a ejercer las labores de control que le otorga el Reglamento 2019/452 para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión. El artículo 5.4 de esta norma de la UE, pactada entre el Consejo y el Parlamento, faculta a la Eurocámara para "invitar a la Comisión a una reunión de la comisión parlamentaria competente, para presentar y exponer cualquier cuestión sistémica relacionada" con la defensa de los intereses de la UE y sus Estados Miembros.

En este caso, esos intereses son los posibles "riesgos de seguridad o de orden público" a nivel europeo, del Estado miembro receptor de la inversión, o de otros socios afectados por "efectos sobre las infraestructuras críticas y las tecnologías, así como los insumos que son esenciales para la seguridad o el mantenimiento del orden público". Estas salvaguardas, según el reglamento, deben tener en cuenta "en particular" si el inversor extranjero "está controlado directa o indirectamente [...] por el Gobierno de un tercer país".

Según las fuentes consultadas, sin duda, la operación saudí en Telefónica se enmarca de lleno en todas estas circunstancias.

Por un lado, la compañía es "estratégica", y no sólo para España, "sino en el mercado europeo de las telecomunicaciones". Por otro, la compra de un porcentaje tan significativo de esa empresa, como para colocar al inversor en la posición de primer accionista, sería sometida a control de las autoridades; y más en el caso de que el inversor sea de un tercer país.

Y finalmente, es notorio que la operadora saudí Stc no es propiamente una compañía privada, sino que está participada en un 64% por el fondo soberano del reino árabe PIF. Es decir, que no sólo entran en juego los artículos del Reglamento comunitario que prevén acciones de control por el estado miembro receptor de la Inversión extranjera Directa (IED), sino aquellos que instan a la Comisión a "emitir un dictamen" de oficio o tras la demanda de "un tercio de los Estados miembros" que se vean concernidos.

Así lo entienden miembros del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo que, en conversación con este periódico, han confirmado que "se está preparando" una reunión con la Comisión de Von der Leyen para que el Ejecutivo comunitario se haga cargo de la protección de los intereses estratégicos de los Veintisiete. Según las fuentes, la entrada de una compañía saudí es especialmente llamativa en el actual contexto geopolítico.

"Europa se está defendiendo en mercados especialmente sensibles", han remarcado fuentes del Consejo Europeo en sus últimas reuniones, y esto está coordinado no sólo entre los socios de la UE, sino con los aliados de la OTAN. Tanto Von der Leyen como Antony Blinken, secretario de Estado de EEUU, remarcaron -una desde Bruselas y el otro en su reciente visita a China- que "habrá que levantar algunos muros" comerciales, dijo explícitamente el estadounidense. "Será en unos pocos sectores, pero serán muros muy altos".

Geoestrategia europea

La metáfora casa de lleno con la pretensión europea de fomentar su propia "autonomía estratégica". Y ahora se aplica a una empresa como Telefónica, que no sólo es crítica en las telecomunicaciones nacionales españolas, sino para sus competidores europeos, para los Estados miembros, e incluso para otros aliados globales.

No en vano, la posición de poder que podría alcanzar Arabia Saudí si finalmente se hace con el 9,9% del capital de la compañía podría influir en la estrategia futura de la empresa española: dónde invertir, de dónde retirarse, qué activos adquirir o ejecutar...

Por todas estas implicaciones, reconocen las fuentes europarlamentarias, aún no está madura la llamada a la Comisión Europea para que comparezca en la Eurocámara. "La iniciativa, de momento, ha partido de ECON", apunta una de sus miembros, "pero puede ser una convocatoria conjunta con otros comités".

Y es que son numerosos los puntos sensibles en el caso de Telefónica: telecomunicaciones, Inteligencia Artificial, conectividad, tecnologías de la información, libertades públicas (por la especial protección de los contenidos y la libertad de expresión), y muy notoriamente, la Defensa.

Telefónica está embarcada en varios proyectos de suministro tecnológico con el Ministerio para proveer a los Ejércitos españoles, como una adjudicación de 120 millones en una red de telecomunicaciones para Defensa, o un contrato para desplegar infraestructuras 5G para la Armada por 4,2 millones, otorgado precisamente mientras los saudíes tomaban compraban acciones en secreto.

"Y esa es información especialmente sensible, que no sabemos hasta qué punto podría caer en manos no deseadas", explican las fuentes. No hay que olvidar que Arabia Saudí, tradicional aliado de EEUU en Oriente Próximo, no sólo está diversificando su economía, sino también sus alianzas geoestratégicas. El régimen que lidera el príncipe heredero Mohamed bin Salman acaba de ser incluido en el grupo de los BRICS, junto a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Por todo ello, los miembros del Colegio de Comisarios que podrían ser llamados a dar explicaciones ante la Eurocámara podrían ser varios: desde los mismos vicepresidentes Margrethe Vestager (Digital), Valdis Dombrovskis (Economía y Comercio) o Josep Borrell (Política Exterior y de Seguridad) a los comisarios Paolo Gentiloni (Economía), Thierry Breton (Mercado interior) o Mairead McGuinness (Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales).

Qué debería hacerse

Lo cierto es que el Tratado de la UE atribuye en exclusiva a la Unión la competencia en materia de inversión extranjera directa (IED), integrándola en la Política Comercial Común. Pero los instrumentos de control -tal como desarrolla el Reglamento 2019/452- son responsabilidad de cada uno de los Estados miembros.

Así, el Gobierno de Sánchez debería "evaluar, investigar, autorizar, condicionar, prohibir o anular" la inversión saudí si se ven comprometidos "la seguridad o el orden público" de nuestro país. Pero también, en el caso de que se vean afectados estos aspectos en otro de los Veintisiete, o los intereses mismos de la Unión.

Por eso, los eurodiputados de Ciudadanos Eva Poptcheva y Jordi Cañas han enviado ya una pregunta escrita a la Comisión. El objetivo de la misma es conocer qué actitud tiene, de fondo, Bruselas, ya que en las formas se ha mostrado partidario de que Madrid asuma su responsabilidad.

Y es que en un caso como el de Telefónica, el Reglamento otorga al resto de socios la capacidad de intervenir una operación de IED, solicitando información a Madrid y realizando observaciones que el Gobierno debe atender. Pero también la Comisión debe ejercer su control emitiendo un dictamen "de acuerdo al artículo 288 del TFUE [Tratado de Funcionamiento de la UE]", que deberá ser "tenido en cuenta en la mayor medida posible" por el Gobierno del país receptor de la inversión, en este caso España.

La UE entiende como "infraestructuras críticas" las de compañías clave en los sectores de la "energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles. También se deben proteger "terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras".

La Unión señala como riesgos el acceso a "información sensible, en particular datos personales", la capacidad de "control de dicha información", o de "la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación".

Y establece como criterios para determinar si una IED debe ser intervenida, primero y "especialmente, si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el Gobierno de un tercer país", lo que ocurre en este caso, y además recientemente aliado de China y de Rusia en los BRICS. Segundo, "si el inversor extranjero ya ha participado en actividades que afecten a la seguridad o al orden público", lo que no consta. Y finalmente, si existe "un riesgo grave de que el inversor extranjero ejerce actividades delictivas o ilegales", donde sí se podría recordar el asesinato y descuartizamiento del periodista crítico Jamal Khashoggi.