Tras el cierre este lunes de la ampliación de capital de 300 millones de euros llevada a cabo para financiar la adquisición de la filial de Vodafone en España, la firma de inversión británica ha publicado un extenso informe en el que detalla los pormenores de la operación y los factores de riesgo que rodean a la misma.

Y entre ellos, menciona en varias ocasiones la "inestabilidad política" que existe en nuestro país. Un mensaje que llega en un momento en el que, si nada de última hora lo impide, habrá en España un nuevo Gobierno del PSOE y Sumar tras lograr el apoyo de Junts, ERC y PNV a la investidura de Pedro Sánchez como presidente. 

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Sin embargo, los acuerdos alcanzados por el partido socialista con las formaciones nacionalistas e independentistas, especialmente en lo relativo a la amnistía, llevaron al Partido Popular a convocar este pasado domingo masivas manifestaciones en todas las capitales de provincia de España. A ello hay que añadir las protestas que tienen lugar a diario ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. 

En el prospecto publicado este lunes, Zegona recuerda que "casi todo el negocio" de la operadora que acaba de adquirir está concentrado en España, por lo que el éxito del mismo está "estrechamente ligado" a la evolución tanto política como económica del país. Además, en este caso cualquier impacto negativo no puede compensarse con sus resultados en otros mercados.

Nacional y regional

En concreto, el fondo de inversión hace mención en el informe a la actual "inestabilidad política y la incertidumbre a nivel nacional y regional" que existen en nuestro país y avisa de que podrían afectar a la "capacidad de España para acceder a los mercados financieros europeos e internacionales".

En esta línea, añade que esta inestabilidad política también podría provocar un aumento de los costes de financiación que "afecte a la ejecución de futuros planes de crecimiento". Y avisa: todo esto "puede repercutir en el negocio de Vodafone España".

Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona Zegona

A la situación política, Zegona añade también una posible evolución negativa de la economía española y, en particular, a las actuales presiones inflacionarias, que podrían tener un "impacto directo adverso" en los patrones de gasto de los consumidores minoristas. En su caso, podría afectar tanto a la contratación de productos en sus ofertas convergentes como a los niveles de uso que los clientes hagan de sus servicios.  

"Casi todo el negocio de Vodafone España está concentrado en España y sus perspectivas de crecimiento dependen de la demanda de los servicios de telecomunicaciones para consumidores o empresas. Esto es difícil de predecir y podría tener un impacto negativo si empeoran las condiciones económicas en España", agrega. 

Riesgo de la operación

Pero el fondo no sólo hace mención a la inestabilidad política y a las perspectivas económicas en el apartado relativo al negocio y a las operaciones de la empresa adquirida. También incide en ello cuando enumera los riesgos vinculados a la propia operación de compra, ya que advierte de que la compañía adquirida podría no obtener los resultados previstos incluso antes del cierre de la adquisición.  

A este respecto, apunta que los beneficios y las eficiencias operativas que prevé obtener una vez que se convierta en el dueño de Vodafone España se sustentan en los resultados tanto financieros como operativos que registre la compañía antes de que se cierre la operación, lo que está previsto para el primer trimestre de 2024. 

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"Hasta que la operación se complete, es posible que uno o varios acontecimientos adversos, incluyendo pero no limitándose al actual entorno inflacionista o a la inestabilidad política en España o en el mercado de las telecomunicaciones, puedan afectar a los resultados financieros u operativos de Vodafone España", incide. 

Así, añade que si alguno de estos acontecimientos tuviera lugar, el valor de Vodafone España podría ser inferior al que ha acordado Zegona para su compra y, en consecuencia, tener "efectos adversos materiales" en su negocio, sus condiciones financieras, sus perspectivas y el resultado final de la operación. 

Regulación

Otro de los riesgos mencionados en el informe es el relativo a la regulación que existe en el sector de las telecomunicaciones. "Vodafone opera en unos mercados altamente regulados sujetos a la supervisión de varias autoridades a nivel local, regional, nacional y europeo", subraya.

En este contexto, el fondo británico apunta que cualquier cambio en la regulación a cualquiera de estos niveles podría "incrementar los gastos operativos y administrativos de Vodafone España o limitar su capacidad para generar ingresos". 

Además, añade que a esto hay que sumar otras normativas que no aplican directamente a la operadora, pero sí afectar a su negocio. Por ejemplo, menciona la Ley de Ciberseguridad 5G aprobada en marzo de 2022, que incluye medidas para limitar o prohibir los proveedores considerados de alto riesgo en las infraestructuras de quinta generación.

Así, apunta que el alcance y el impacto de la declaración de un proveedor como de alto riesgo no puede ser evaluada en este momento (el Gobierno no ha incluido todavía a ninguna compañía en este listado, pese a las presiones de la Comisión Europa para declarar a las chinas Huawei y ZTE como tal). Sin embargo, si eso se produce, podría tener "efectos materiales adversos" en el negocio.  

Recortes

Por otro lado, el fondo británico recoge también en el prospecto un conjunto de medidas que considera le podría ayudar a reducir el actual volumen de costes de Vodafone España una vez que se haga con el control de la operadora. Y entre ellas, Zegona plantea la posibilidad de llevar a cabo un ajuste de plantilla para reducir los costes de personal.

En concreto, apunta podría considerar el lanzamiento de un programa de despidos que tendría carácter "selectivo" y cuyo objetivo sería reducir los costes de personal, que en el último ejercicio fiscal de Vodafone España, que concluyó el pasado 31 de marzo, equivalían al 7,1% de los ingresos.  

Sin embargo, la plantilla no es el único ámbito en el que el grupo se plantea medidas para reducir costes, ya que también identifica oportunidades para recortar el coste de adquisición de clientes, para lo cual se plantea reducir el número de tiendas minoristas y aumentar la captación a través de los canales digitales. 

Asimismo, añade que también podría poner en marcha iniciativas para reducir los niveles de morosidad, los costes de los contenidos televisivos, los gastos en Tecnologías de la Información (TI) o los costes fijos de acceso mayorista, así como suprimir determinados proyectos tecnológicos.