Tras la aprobación de la operación en el Consejo de Ministros celebrado este pasado martes, la SEPI ha recibido ya la orden de la Vicepresidencia Cuarta y Ministerio de Hacienda y Función Pública de iniciar el proceso que permitirá al Estado convertirse en el primer accionista de la operadora.

"SEPI procederá a llevar a cabo los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando el impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario", señala la sociedad pública en un comunicado.

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Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la SEPI ya ha iniciado la búsqueda de los asesores financieros y de mercado que le ayudarán a llevar a cabo este proceso con el objetivo de empezar cuanto antes a comprar títulos de Telefónica en el mercado. También será necesaria la convocatoria de una reunión del consejo de administración para aprobar la operación

La intención de la sociedad estatal es alcanzar ese 10% del capital del grupo español de telecomunicaciones "en el menor tiempo posible", pero sin que los movimientos que realice afectan a la acción de Telefónica. Esto hace prever que el proceso durará varios meses, ya que las acciones que debe adquirir para alcanzar ese porcentaje equivalen al volumen total negociado durante alrededor de mes y medio.

Indra

Aunque no se conocen los detalles de cómo llevará a cabo la SEPI estas compras ni cómo las financiará, las fuentes apuntan que el esquema a seguir será muy parecido al que la sociedad pública utilizó en el primer semestre de 2022 para incrementar su peso en el capital de la empresa de tecnología y consultoría Indra.

En concreto, el Consejo de Ministros autorizó a finales de febrero de 2022 a la SEPI elevar casi diez puntos porcentuales su participación en Indra, desde el 18,75% hasta un máximo del 28%. La justificación, prácticamente idéntica a la que se ha dado para Telefónica: el carácter estratégico de la compañía para España, especialmente en el ámbito de la Defensa. 

Fachada de la sede de Indra Europa Press

Durante los meses posteriores, la sociedad estatal fue haciendo pequeñas compras de acciones en el mercado abierto, aunque también adquirió algunos paquetes relevantes, como el 3,206% del capital de Indra que poseía Corporación Financiera Alba, el 'brazo inversor' de Banca March.

Actualmente, según recogen los últimos datos publicados por Indra a fecha de 24 de noviembre, la SEPI es titular del 25,16% de las acciones de la compañía de tecnología y defensa, la que la sitúa como primer accionista. 

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En el caso de Telefónica, la sociedad estatal no ha dado plazos, como tampoco hizo con Indra. Sin embargo, todo apunta a que, si no se quiere afectar a la cotización de la acción, el proceso se dilatará durante meses. Según cálculos de los analistas de Banco Sabadell, si se lleva a cabo en el mercado abierto, esto supondrá un periodo de entre seis y siete meses de trading hasta finalizar la operación.

Desde Bankinter ven "previsible" que la compra de un paquete de acciones tan elevado tenga un impacto significativo en el mercado, aunque apuntan que habrá que vigilar "qué efecto tiene la entrada de capital público en el grupo tanto en el plan estratégico como en la posible reacción adversa de inversores privados".

Tranquilidad

Pese a la sorpresa inicial que supuso la autorización del Consejo de Ministros a SEPI para que se haga con hasta un 10% del capital de Telefónica, lo cierto es que la noticia ha sido acogida con "tranquilidad" tanto en el seno de la operadora, como por parte del resto de accionistas, según ha podido saber este periódico.

La sociedad pública ya comunicó el pasado 31 de octubre que estaba "monitorizando" la situación de Telefónica y analizando a nivel interno "una eventual adquisición de una participación accionarial". Por tanto, la sorpresa no ha venido tanto por el anuncio en sí, sino por el porcentaje (se especulaba con un 5%) y porque se ha producido antes de lo que se preveía. 

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La entrada de la SEPI puede ayudar a dar más estabilidad accionarial a Telefónica, ya que la vocación del Estado español es la de ser un accionista a largo plazo. Este también es el compromiso del otro gran accionista de la operadora, el grupo saudí Stc, que posee un 4,9% de la empresa de forma directa y un 5% a través de derivados financieros. 

Sin embargo, el desembarco del Estado en Telefónica 26 años después de su privatización también contribuye a reforzar su 'españolidad', ya que a su futura participación habrá que añadir el 3,5% que posee CaixaBank (más el 2,53% que tiene su brazo inversor Criteria) y el 4,87% que ostenta BBVA.

Sede de Telefónica en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Asegurar una alta representación española en el accionariado de Telefónica es algo clave para el Gobierno, dado que es una empresa "estratégica" para el país por su fuerte presencia no sólo en el ámbito de las telecomunicaciones y la tecnología, sino también en la defensa, sector para el que presta servicios críticos.

De hecho, la importancia de Telefónica en este último campo se ha visto reflejada en el papel "fundamental" que, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, ha desempeñado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la vuelta del Estado al capital de la operadora.

De ella, también dependerá el que será uno de los próximos pasos claves para el futuro accionarial de Telefónica: la autorización a Stc para convertir el 5% que posee a través de derivados financieros en acciones con derecho a voto. Pero para ello, primero deberá pedirlo el grupo saudí.