Precisamente ese carácter estratégico de Telefónica y lo que ocurre en los países de nuestro entorno han sido los dos argumentos principales con los que el Gobierno ha justificado la compra de acciones de la operadora por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta alcanzar un máximo de un 10% del capital. 

La vuelta del Ejecutivo al accionariado de la mayor operadora del país 26 años después de su privatización llega en un momento marcado por las crecientes tensiones geopolíticas a nivel internacional debido a la guerra en Ucrania tras la invasión rusa o el conflicto que mantienen Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

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Según los expertos consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, este contexto internacional ha llevado a los países a buscar un mayor control o supervisión de las empresas que forman parte de sectores estratégicos o que son imprescindibles para garantizar la seguridad nacional, como pueden ser operadoras de telecomunicaciones, tecnológicas, energéticas o compañías de defensa. 

Manuel Pinto, analista de XTB señala que gran parte de los países del mundo están intentando incrementar y potenciar estos sectores estratégicos. "Los conflictos internacionales y la escalada de tensión geopolítica a nivel mundial han generado un compromiso global de incrementar el gasto en este ámbito", subraya.

SEPI

En esta línea, José Manuel Corrales, profesor de Economía de la Universidad Europea, señala que la entrada de Sepi en Telefónica va en la línea de lo que se está haciendo en otros países europeos, que consideran los sectores tecnológico y de las telecomunicaciones "fundamentales y estratégicos" para el desarrollo económico, el desarrollo social e, incluso, la seguridad del país.

"Es obvio que lo que está haciendo el Estado a través de la Sepi es defender los intereses estratégicos de nuestro país. Intereses además, que pasan por la seguridad, no solamente por la digitalización de la economía", subraya Corrales.

Tensiones geopolíticas

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, explica la situación actual es muy diferente a la que existía cuando Europa se embarcó en la privatización de sus empresas públicas, ya que las actuales tensiones geopolíticas están provocando que inversiones de que deberían ser puramente industriales y empresariales se estén viendo afectadas por el contexto internacional.

Así, señala que los Gobiernos europeos están tomando posiciones en compañías estratégicas que operan en un mercado abierto "como medida preventiva". Según Balado, en este sentido se debe entender la entrada de Sepi en Telefónica, aunque también se ha mostrado crítico con el Gobierno por no haber sido "claro y transparente" a la hora de exponer cuáles son los temores en torno a Stc que le han llevado a tomar esta decisión.

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A este contexto geopolítico, Balado añade otro factor: la tendencia que existe en Europa a regular sectores y mercados claves y ser "proteccionista", a diferencia de la postura más liberal de otras economías como EEUU. Así, remarca que esto lleva a inversiones por cuestiones "ideológicas y políticas", ya que por razones económicas "no está justificado" que el Estado tenga que formar parte del capital de empresas estratégicas.

De hecho, ha incidido en que los Gobiernos ya tienen mecanismos para proteger a estas compañías ante los inversores extranjeros sin que sea necesario que entren en su capital. En concreto, ha mencionado la 'acción de oro', que permite al Estado vetar intereses que vayan en contra del mercado y de la economía en empresas estratégicas privatizadas, o el denominado 'Escudo antiopas'.

Consecuencias

La entrada de un Estado en el accionariado de una empresa estratégica tiene de partida, según los expertos, un efecto positivo, ya que proporciona "estabilidad" a los accionistas y al negocio. Así lo indica, por ejemplo, la subida registrada por las acciones de Telefónica cuando se conoció el anuncio de la Sepi. 

En este sentido, Corrales ve "acertada" y "lógica" la decisión del Gobierno español para defender los intereses estratégicos y la 'marca España'. "La Sepi se incorpora al capital de Telefónica para garantizar que siga siendo un actor importantísimo en el mercado y que sus decisiones puedan estar alineadas con los intereses estratégicos de la economía española", resalta.  

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Sin embargo, a largo plazo, Balado cree que la presencia del Estado en el capital de estas compañías puede acabar siendo perjudicial a nivel empresarial, ya que los inversores suelen preferir poner su dinero en empresas en los que no haya participación de actores públicos.

Para el profesor de OBS Business School movimientos como el del Gobierno español en Telefónica suponen "un paso atrás" respecto al proceso de privatización llevado a cabo hace unos y puede hacer que los inversores apuesten por mercados más liberalizados como Estados Unidos o Japón.

Otra de las incertidumbres que suele plantear este tipo de movimientos radica en cuál será el papel del Estado en la gestión y dirección estratégica de la compañía y si sus decisiones estarán basadas en criterios empresariales o políticos. En este sentido, Bolado recuerda que se da la paradoja de que el Estado, como accionista, también se vería perjudicado por un mala gestión. 

Sin embargo, tener al Estado como accionista también puede tener un impacto positivo en la empresa. Y es que hay voces como la de la economista Mariana Mazzucato que reivindican el papel emprendedor y de motor de la innovación que en muchas ocasiones pueden desempeñar las instituciones públicas y que, contrariamente a lo que se piensa habitualmente, no está limitado sólo al sector privado. 

Telecomunicaciones

En el caso del sector de las telecomunicaciones, España es probablemente uno de los pocos países en los que el Gobierno procedió en los años 90 a la privatización del 100% de su operadora nacional al considerar que estaría mejor gestionada en manos privadas.

Balado explica que esta liberalización impulsada por la Comisión Europea fue una respuesta a las reformas introducidas en EEUU y Japón para "tener cuantos más operadores mejor".

Facha de la sede de Telefónica en Madrid. Eduardo Parra Europa Press

Una decisión cuyas consecuencias aún sufre la industria y que explicaría, por ejemplo, que una empresa saudí haya podido comprar el 9,9% de una compañía europea. 

Sin embargo, a pesar de aquella liberalización, muchos países decidieron que el Estado siguiera formando parte del accionariado de las operadoras privatizadas, con porcentajes que van desde un máximo del 53,97% como es el caso de Noruega en Telenor, hasta el mínimo del 9,81% que pose Italia en TIM.

Entremedias, se encuentran las participaciones de países como Bélgica, Países Bajos, Suecia, Alemania, Austria y Francia. El mayor accionista del grupo Orange es el Estado francés con el 13,39%, al que habría que sumar el 9,6% en manos del banco público de inversiones francés Bpifrance.

Por su parte, el Gobierno alemán cuenta con una participación directa del 13,8% en Deutsche Telekom, operadora en la que el banco público KfW ostenta un 16,6%. En Suecia el Ejecutivo posee el 39,5% del capital Telia.

Otros sectores

Pero, las telecomunicaciones no son el único sector en el que los Estados tienen participación significativas. El Gobierno español también es accionista clave de empresas cotizadas en ámbitos como la tecnología y la Defensa (Indra), la energía (Enagás y Red Eléctrica), Banca (CaixaBank) o Transportes (Aena).

En Francia, el Estado es el dueño de la eléctrica EDF y posee casi un 24% de Engie. También es accionista de la aerolínea Air France-KLM, en la que comparte presencia con el Gobierno de Países Bajos, y de Safran, empresa de alta tecnología especializada en defensa, equipamiento aeronáutico y seguridad.

En Alemania, el Estado posee un 15% de la entidad Commerzbank desde la crisis financiera y hace un año nacionalizó el mayor importador de gas del país, Uniper. Por su parte, en Italia el Gobierno tiene participaciones en Banca Monte dei Paschi di Siena, Enel, Eni e Italgas.

Y tres países europeos se encuentran entre los accionistas de Airbus, el gran fabricante europeo del sector de la aeronáutica. En concreto, Francia posee un 10,9%, mientras que Alemania tiene 10,8% y la participación de España se sitúa en el 4,1%.