Zegona anunció el pasado 31 de octubre que había alcanzado un acuerdo vinculante con el grupo británico para adquirir su filial en España por 5.000 millones de euros. Sin embargo, para poder ejecutar la compra debía lograr antes cuatro autorizaciones: una de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), una de la Comisión Europea (CE) y dos del Gobierno.

La firma cotizada en la Bolsa de Londres presentó las cuatro solicitudes antes de que concluyera 2023. Las autorizaciones de Bruselas y de la CNMC llegaron en las primeras semanas de 2024. Sin embargo, las dos que dependen del Gobierno, las relativas a la transmisión del espectro y a la Junta de Inversiones Exteriores, se han demorado algo más de lo previsto. 

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Pero como adelantó esta misma semana José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, el fin de las conversaciones entre el Gobierno y las empresas sobre los planes industriales y los compromisos necesarios para obtener ambas autorizaciones está ya "muy muy cerca". 

Fuentes conocedoras han detallado a EL ESPAÑOL-Invertia que lo más probable es que la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona se apruebe en alguno de los tres Consejos de Ministros que se celebrarán este mes de mayo o, si no, a primeros de junio. 

Como apuntó esta semana Escrivá, del mismo modo que ocurrió en operaciones similares anteriores, la puesta en común entre las partes es "prolija". Así, ha incidido en que las compañías presentan planes industriales y compromisos "muy detallados" y cuyo análisis requiere "mucha fineza". 

Así sucedió, por ejemplo, con la fusión de Orange y MásMóvil, que fue aprobada en el Consejo de Ministros del 12 de marzo. Para poder obtener la luz verde del Gobierno, los actuales dueños de Masorange presentaron un plan industrial con compromisos "muy explícitos" en términos de inversiones y "suficientes" en cuanto al mantenimiento del empleo. 

Eamonn O'Hare, consejero delegado de Zegona Zegona

De hecho, el análisis de la fusión del segundo y el cuarto operador del mercado español ha sido probablemente uno de los motivos que han provocado que la autorización de la adquisición de Vodafone por Zegona haya llegado algo más tarde de lo que esperaba la compañía compradora cuando anunció la operación.

"Yo diría que estamos en la etapa final de cerrar ese acuerdo, esos compromisos que las empresas hacen como se ha visto en operaciones anteriores", señaló el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública.

Cierre de la operación

De no ocurrir ningún contratiempo de última hora, con el visto bueno del Gobierno la operación podrá cerrarse antes de que acabe el segundo trimestre de 2024, dentro del plazo que se habían marcado tanto Vodafone como Zegona en sus últimas estimaciones sobre el desarrollo de la operación. 

Aunque el grupo de telecomunicaciones británico ha situado en todo momento el cierre de la venta de su filial española a lo largo del primer semestre de 2024, en Zegona eran más optimistas e inicialmente esperaban completar la compra en el primer trimestre del año. Algo que no ha sido posible por el retraso de las autorizaciones del Gobierno español. 

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En concreto, son dos los permisos que debe recibir del Ejecutivo español. Por un lado, el del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública porque, al hacerse con el control de Vodafone España, la firma británica también se convierte en titular del espectro radioeléctrico adjudicado al operador.

Por otro, el Consejo de Ministros deberá dar luz verde a la compra al tratarse de una inversión directa extranjera en una empresa estratégica para el país. Un aspecto que está regulado por el Decreto de Inversiones Extranjeras en España, aprobado en julio de 2023 y cuyo objetivo era el desarrollar y mejorar el conocido como 'escudo antiopas' desplegado durante la pandemia de la Covid-19.

Autorizaciones

A finales de enero, la operación superó el trámite relativo a la normativa de la Unión Europea (UE) sobre "subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior". Esta revisión era necesaria porque Vodafone ha sido receptora de ayudas públicas concedidas por Bruselas, como los fondos del programa Next Generation relacionados con el Kit Digital.

La Comisión Europea dio su aprobación a la concentración de ambas empresas tras el examen preliminar llevado a cabo al considerar que no había "indicios suficientes" para iniciar una investigación en profundidad.

Unos días después, el 1 de febrero, la CNMC autorizó la operación en primera fase y "sin compromisos" al no apreciar riesgos para la competencia tras poco más de dos semanas de análisis. "La operación de concentración no modifica significativamente la estructura de los mercados afectados, produciéndose solamente un cambio en la titularidad del control de Vodafone en España", explicó.