La compañía de telecomunicaciones, que desde el pasado 1 de junio es propiedad de la firma británica Zegona, se muestra convencida de que este procedimiento es "la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro".

Además, en un comunicado, la dirección de Vodafone se compromete a abordar el proceso de negociación con los sindicatos con "una actitud responsable y dialogante", así como "con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes".

Vodafone destaca que este procedimiento se debe "a razones económicas, productivas y organizativas, determinadas por el fuerte deterioro financiero y comercial". Así, apunta que la compañía ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.

En esta misma línea, agrega que el ERE también obedece a la "necesidad urgente" de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad.

Interior de la sede de Vodafone España en Madrid. Vodafone

Por último, la operadora, cuya plantilla asciende actualmente a 3.268 trabajadores, asegura que el procedimiento de despido colectivo anunciado este miércoles "no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes".

Cuando anunció la compra de Vodafone España, Zegona ya señalaba en su memoria que la operadora tenía una estructura de altos costes de personal en comparación con la de otras empresas del sector. Además, la firma británica también ha mostrado en sus últimos meses su intención de lanzar un plan industrial sustentado sobre un nuevo modelo organizativo que ayude a garantizar la viabilidad del negocio.

Sindicatos

Desde UGT critican que la decisión de Zegona de repetir "un modelo fracasado", como es "reducir y castigar a la plantilla en aras de una supuesta futura mejora de la posición de la compañía en el mercado". Además, cargan contra el Gobierno por no haber exigido a Zegona compromisos de empleo cuando aprobó la compra de Vodafone España.

"Una vez más confluyen en una empresa del sector de las telecomunicaciones la voracidad de una dirección incapaz de idear soluciones reales a los problemas reales que han aquejado a Vodafone España y la inacción de una administración que no solicitó ninguna garantía para el empleo en la aprobación de la venta de Vodafone España a Zegona", aseguran.

Desde el sindicato aseguran que, "como marca la ley", negociará de buena fe con el fin de minimizar el impacto sobre el empleo y maximizar las condiciones para las personas afectadas. Está previsto que la mesa de negociación del despido colectivo se constituya en un máximo de 15 días.

En opinión de UGT, Vodafone se estudiará en las facultades de economía como "un ejemplo de como la mala gestión puede dilapidar el valor de una compañía" que llego a ser líder mundial entre las operadoras de telecomunicaciones. "Las sucesivas direcciones del grupo nombraron a gestores para Vodafone España que fueron de fracaso en fracaso y de ERE en ERE", remarcan.

Despidos

El proceso de despido colectivo anunciado este miércoles por la compañía supone el quinto ERE que realiza Vodafone España en los últimos once años. En los anteriores cuatro procesos, más de 3.000 empleados abandonaron la operadora española de telecomunicaciones. 

En concreto, en 2013 salieron de la empresa 620 trabajadores y en 2015 un total de 1.059. Por su parte, los despidos colectivos de 2019 y 2021 se saldaron con 916 y 409 salidas, respectivamente. A ello, hay que sumar las externalizaciones de 130 y 228 empleados que se realizaron en 2013 y 2018, respectivamente.

El despido colectivo que lanzará en los próximos días Vodafone España se suma a los ajustes de plantilla que han llevado a cabo otras operadoras en los últimos meses. Precisamente, hace una semana Avatel Telecom llegó a un acuerdo con los sindicatos para un despido colectivo que afectará finalmente a 674 trabajadores, un 21% menos de los anunciados inicialmente.

A principios de año, Telefónica pactó con los representantes de los trabajadores los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de sus tres principales filiales en España, que afectaron a un total de 3.421 trabajadores de la compañía. Un proceso que fue totalmente voluntario y se limitó a personas con 56 años o más.

Por otro lado, queda por ver si Masorange, la empresa surgida de la fusión de Orange y MásMóvil, lleva a cabo algún tipo de ajuste de plantilla. La operadora ya ha asegurado que no se va a producir ninguna salida forzosa, pero no se descarta la puesta en marcha de algún tipo de plan de bajas voluntarias.