En total, sumando los procesos de despido colectivo ejecutados este año por Telefónica, Avatel y Vodafone y el que tiene previsto realizar la operadora surgida de la reciente fusión entre Orange y Grupo MásMóvil, el sector español de las telecomunicaciones habrá destruido sólo en 2024 casi 5.800 puestos de trabajo. 

La fuerte competencia que desde hace años se registra en el mercado español de las telecomunicaciones ha supuesto un lastre para las cuentas de las telecos. Una competencia que ha sido, en gran medida, fruto de una regulación en España y en Europa que ha priorizado la bajada de precios para los consumidores al fomento de la inversión en infraestructuras.

Las telecos han visto cómo al mismo tiempo que crecían sus necesidades de inversión para desplegar las nuevas redes como la fibra óptica o el 5G, las tarifas que cobraban a sus clientes incluían más servicios por el mismo o menos dinero. Y como consecuencia, sus ingresos se reducían o, en el mejor de los casos, se estancaban.

Ante esta situación, las operadoras se han visto forzadas a recurrir a distintas medidas para sustentar su negocio. Por un lado, han optado por embarcarse en operaciones corporativas como la fusión de Orange y MásMóvil o la venta de Vodafone España a Zegona. Por otro, han llevado a cabo recorte de gastos y plantilla. Y en muchos casos, ambas cosas a la vez.

Despidos

El primero de los ERE, y también el más numeroso en cifras absolutas, fue el que ejecutó en el primer trimestre del año Telefónica. Tras alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores, alrededor de 3.420 empleados de la operadora abandonaron de forma voluntaria la compañía, todos ellos mayores de 55 años. 

Unos meses después se conoció la decisión de Avatel de prescindir de una parte importante de su plantilla. La operadora especializada en prestar servicios de conectividad en el entorno rural decidió abrir una etapa más centrada en la eficiencia tras una fase de fuerte crecimiento a través de compras. En concreto, salieron de la plantilla de la compañía 674 personas. 

Meinrad Spenger, consejero delegado de Masorange, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en una reunión en el Palacio de la Moncloa. Fernando Calvo Pool Moncloa

A mediados de junio fue Vodafone España quien comunicó su decisión de poner en marcha un proceso de despido colectivo apenas dos semanas después de que se cerrará la compra de la compañía por parte de la firma británica Zegona. Tras unas negociaciones complicadas, con el Gobierno de por medio, finalmente, empresa y sindicatos llegaron a un acuerdo que ha supuesto la salida de 898 empleados.

Y ahora, con el inicio del nuevo curso político, Masorange acaba de anunciar un recorte de plantilla que supondrá la salida de un máximo de 795 trabajadores y que busca poner fin a las duplicidades surgidas tras la fusión. Como en anteriores ERE, es previsible que la cifra de afectados se reduzca en la mesa de negociación.

Habrá que esperar a que se constituya dicha mesa el próximo 17 de septiembre para conocer cuál es la primera oferta que pone sobre la mesa la dirección y saber qué significa exactamente que el ERE será "preferentemente voluntario". Desde el principio la empresa aseguró que no se iban a producir despidos forzosos, pero siempre dejó la puerta abierta a un plan de salidas voluntarias.

A la espera que conocer las cifras definitivas del ERE de Masorange, todos estos procesos supondrán la salida de cerca de 5.800 profesionales del sector. Esto supone que los despidos realizados en un año equivalen a casi una cuarta de los ejecutados en los quince anteriores, alrededor de 24.000. 

Sindicatos y Gobierno

Aunque el ERE de Masorange era hasta cierto punto esperado, los sindicatos han aprovechado su anuncio para cargar tanto contra la regulación como contra las operadoras por volver a recurrir al ajuste de su plantilla como principal medida para generar ahorros de costes e intentar mejorar sus cifras financieras. 

Desde UGT no ocultan su rechazo a esta medida que, según denuncian, ahonda en políticas de destrucción de empleo bien formado, bien remunerado y que aporta riqueza y valor añadido a la economía de España. "Una regulación perniciosa que no ha querido ser corregida por ningún gobierno conduce a un círculo vicioso de despidos colectivos", inciden.

José Luis Escrivá y María González Veracruz reciben a los representantes de CCOO y UGT en Vodafone y sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez UGT

Más duros han sido en CCOO en el comunicado remitido a la plantilla. Así, critican a la dirección de Masorange por decir durante meses que no se iban a producir despidos masivos, mientras que ahora anuncian en ERE que el sindicato califica de "un absoluto despropósito" y que combatirán con las medidas legales y sindicales que sean necesarias. 

"La plantilla de Masorange merece algo más que las falsedades de la Dirección. En vez de un despido colectivo injustificado y numéricamente tan desproporcionado, deberían explorarse soluciones menos traumáticas, como un ERTE, o bien poner en práctica otras alternativas que no consistan simplemente en privar del sustento a cientos de familias", proponen. 

Tanto UGT como CCOO reclaman a Masorange la retirada de este ERE. Y en caso de que no sea así, aseguran que defenderán en la mesa de negociación la voluntariedad total y que se ofrezca un paquete indemnizatorio y prejubilaciones similares a las firmadas en 2021 en Orange España.

Desde el Gobierno, María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha achacado el ERE de Masorange al proceso de reordenación que se ha producido en el sector en los últimos meses y ha asegurado que estarán "muy atentos" a cómo se desarrolla la negociación y con la "mano tendida" por si tienen que intervenir como hicieron en el de Vodafone. 

No obsante, en declaraciones a los medios durante su intervención en el 38 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, González Veracruz ha reclamado a Masorange que el ERE sea "lo menos doloroso posible", así como que se pacte con los representantes de los trabajadores y que se ajuste a las "necesidades reales" de la compañía. 

Hay que recordar además que, cuando el Gobierno autorizó la fusión de Orange y Grupo MásMóvil el pasado mes de marzo, la compañía se comprometió a ejecutar un plan industrial "verdaderamente ambicioso" y con foco en el medio plazo. Un plan que incluía unos compromisos "muy explícitos" en términos de inversiones y "suficientes" en cuanto al mantenimiento del empleo.