La industria turística no ha parado de pedir ayudas al Gobierno desde que la pandemia se les echó encima. Y, por su parte, el Ejecutivo no ha cesado de repetir que es el sector al que más apoyos económicos ha ofrecido. Y la realidad es que ha lanzado muchos planes de ayudas con moratorias hipotecarias incluidas, aunque por curioso que parezca, las pymes y autónomos del sector apenas acceden a ellas. ¿Por qué?

Hace unas semanas, se aprobó una nueva moratoria legislativa para el sector turístico a través del Real Decreto-ley 25/2020 del 3 de julio que permitía solicitar un periodo de moratoria de hasta doce meses en el pago del principal de la deuda hipotecaria.

Los datos trasladados por el Banco de España constatan que el número de solicitudes y concesiones en este nuevo tipo de moratorias es "muy inferior". En particular, el número de solicitudes de moratoria legislativa para el sector turístico se situaba en 96, de las cuales se había dado curso a 22 (que suponen un saldo pendiente de amortización de 8,4 millones de euros). 

¿Cómo puede ser posible que el número de solicitudes sea tan bajo? El dato, desde luego, chirría si tenemos en cuenta que el sector turístico -compuesto por muchas empresas pequeñas- está al borde del abismo por la pandemia. De hecho, solo el 25% de la planta hotelera del país (de un total de 16.000 alojamientos hoteleros regulados) está abierta en pleno mes de agosto. ¿Acaso no necesitan las ayudas? 

La piscina de un hotel de Mallorca, cerrada a cal y canto mientras la gente disfruta de la playa. Reuters

Sí. Sí las necesitan. Para José Antonio Alarcón, abogado y socio fundador del despacho de abogados Monlex, los datos reflejan la falta de información sobre las ayudas. “Las ayudas no se han pedido porque se desconocen o no se publicitan”, señala el abogado, quien añade que aun conociéndose hay “problemas de ejecución”. 

Algo que avala la patronal de los autónomos. “Los gestores no hablan de moratorias a los autónomos porque son ayudas de ámbito más social y se suelen desconocer”, señala la vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, quien reconoce que, además, “son más complejas”. 

¿Quién las tiene que publicitar? En este caso el Estado, que es quien las aprueba, aunque las solicitudes se dirijan directamente a los bancos. Y cuidado, que los expertos alertan de que como ocurre con los créditos ICO la banca no está precisamente ayudando a dar salida a estas moratorias hipotecarias. 

Además, el abogado destaca la inexistencia de una estructura de asociacionismo ejecutivo que ayude a pymes y autónomos del turismo a solicitar las ayudas. Algo que sí tienen el resto de países europeos. Y ojo que esto puede llegar a salir más caro al sector turístico de lo que parece ya que “se pierden oportunidades” y en juego están gran parte de los 140.000 millones de euros de fondos europeos. 

La norma deja fuera a las agencias

Asimismo, desde el despacho de abogados señalan que el sector turístico está demasiado atomizado. Por ejemplo, de los 9.500 puntos de venta de las agencias de viajes, el 40% es autoempleo y el otro 50% son pequeñas empresas de menos de seis empleados. El resto, el 10%, pertenece a las grandes como Viajes El Corte Inglés o Halcón Viajes. En este sentido, una gran empresa se sabe mover para pedir ayudas, pero una pequeña “no dispone de tantos recursos”. 

Imagen de una agencia de Viajes El Corte Inglés.

Si atendemos a estos datos, el 90% de las agencias no tiene locales en propiedad. “Esta norma está pensada para los hoteleros y no las agencias de viajes”, denuncia Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), quien asegura que aplazar el pago de la hipoteca “no soluciona nada” porque “el 80% de los gastos de las agencias proceden del personal”. 

Por ello, desde la patronal de las agencias piden que sigan extendiendo los ERTE y que ofrezcan medidas específicas para hacer frente a los problemas de liquidez a los que se enfrentan. 

Error administrativo para los autónomos

La moratoria hipotecaria aprobada el 3 de julio va dirigida directamente a los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España para el pago del principal de los préstamos con garantía hipotecaria, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria. Es decir, alojamientos turísticos, restaurantes o incluso tiendas que ofrecen servicios de surf. 

Muchos de estos negocios son regentados por autónomos, que no están llegando a estas ayudas porque “no son tan fáciles de obtener como al principio”, señalan desde ATA. De hecho, alertan de “obstáculos” que se están dando en las tres moratorias hipotecarias que el Gobierno ha aprobado durante la pandemia (solo la del 3 de julio es exclusiva para el turismo). 

El más problemático de ellos es que la norma establece que se debe presentar un certificado de cese de la actividad por la agencia tributaria, es decir, se tienen que dar de baja de la actividad. “Algo que no tiene sentido porque la actividad es compatible con las ayudas” y que califica de “error administrativo” que se repite en las tres moratorias hipotecarias aprobadas hasta la fecha. Aquí, señalan de nuevo que puede haber "intención de que los autónomos no accedan a la ayuda" por parte del Gobierno. 

Requisitos para la moratoria

Además de esto, el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, estableció que las empresas turísticas tendrán que haber sufrido una reducción de al menos el 40% de promedio en la facturación o ingresos de los meses entre marzo y mayo de 2020 en comparación con la media del mismo periodo de 2019 para poder solicitar la moratoria hipotecaria.

La acreditación de la reducción de los ingresos o la facturación se realizará mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de compras y gastos.

La moratoria será de aplicación a las cuotas vencidas e impagadas desde el 1 de enero de 2020 y conllevará la suspensión de los pagos del principal del préstamo durante el plazo solicitado por el deudor. Se podrán solicitar al acreedor un periodo de moratoria de hasta doce meses en el pago del principal de la deuda hipotecaria.

No podrán beneficiarse pymes o autónomos que ya se han acogido a la moratoria aprobada el 17 de marzo o el 26 de mayo por el Gobierno.