La Unión Europea fracasa en su intento de poner orden en el mosaico de restricciones de viaje unilaterales y hasta contradictorias activadas por los diferentes Estados miembros en respuesta a la segunda ola de la Covid-19. Algunos países han cerrado a cal y canto su frontera. Otros exigen cuarentenas de diferente duración (10 o 14 días), pruebas PCR negativas en distintos momentos (antes o después de la entrada en el país) o una combinación de ambas. Un tercer grupo, en el que está España, no ha impuesto ninguna restricción. El resultado es la confusión total para los viajeros que quieren moverse por el espacio sin fronteras Schengen.

Los ministros de Asuntos Europeos de los 27 han aprobado este martes una recomendación cuyo objetivo declarado es coordinar las medidas que afectan al libre movimiento de personas en respuesta a la pandemia. Pero la realidad es que no habrá tal coordinación. Cada Estado miembro sigue teniendo las manos libres para adoptar las medidas que considere convenientes, en el momento en que crea oportuno. El texto adoptado vacía de contenido la propuesta original de la Comisión, que sí proponía evitar siempre el cierre de fronteras y optar por los tests en lugar de cuarentenas.

El acuerdo de este martes se limita a establecer una serie de criterios comunes para determinar las zonas de riesgo en la UE e introducir restricciones de viaje. En primer lugar, el número de nuevos casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y después la tasa de tests positivos en los últimos 7 días.

Basándose en estos criterios, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) elaborará semanalmente un mapa de riesgo detallado a nivel regional con tres colores: verde, naranja y rojo.

Las zonas verdes, a cuyos ciudadanos no cabe imponer ninguna restricción, serán las que tengan menos de 25 nuevos casos por cada 100.000 habitantes y menos de un 4% de resultados positivos en todos los tipos de pruebas de Covid-19. Según los últimos datos del ECDC, apenas quedarían zonas verdes en la UE ahora mismo.

Se designarán como zonas naranjas de riesgo intermedio aquellas en la que la tasa de contagios esté entre 25 y 150 por cada 100.000 habitantes, con una tasa de positivos inferior al 4%. El criterio alternativo que plantea Bruselas es una tasa de menos de 50 casos si el porcentaje de positivos supera el 4%.

Finalmente, las zonas rojas son las que superan los 150 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. O alternativamente, las que superen los 50 casos pero con un porcentaje de tests positivos superior al 4%. La última posibilidad son las zonas grises: aquellas sobre las que hay poca información o el número de tests por 100.000 habitantes es inferior a 300 a la semana.

La recomendación, que no tiene carácter vinculante, dice que los Estados miembros no deben restringir el libre movimiento a las personas que viajan o vuelven de zonas verdes. Por lo que se refiere a las zonas rojas o naranjas, los Gobiernos deben considerar las diferencias de incidencia entre ambas y adoptar medidas "proporcionales". También tienen que tener en cuenta la situación epidemiológica en su propio país.

"Los Estados miembros no deben, en principio, denegar la entrada a personas procedentes de otros Estados miembros", señala el texto. Aquellos que consideren necesario introducir restricciones de viaje podrán seguir optando entre cuarentenas (sin especificar duración) o tests (en la salida o la llegada). También podrán exigir un formulario nacional de localización de los pasajeros. La recomendación pide desarrollar un formulario unificado para toda la UE, que todavía no existe.

Los países que quieran imponer restricciones de viaje deberán informar a los socios afectados con carácter previo, antes de su entrada en vigor, así como al resto de Estados miembros y a la Comisión. "Si es posible, la información debe darse con 48 horas de antelación", señala el texto.

Finalmente, los Gobiernos deben dar a los ciudadanos información "clara, comprensible y en plazo" sobre cualquier restricción o requisito. "Como regla general, esta información debe publicarse 24 horas antes de que las medidas entren en vigor", recomienda el texto.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dijo este lunes que el acuerdo es positivo sobre todo porque permite la "granularidad territorial" a la hora de decretar las zonas de riesgo. Es decir, el mapa de colores, al ser regionalizado, permitirá visualizar las diferencias en la situación epidemiológica entre las diferentes comunidades autónomas y facilitará establecer "corredores turísticos seguros".

No obstante, al Gobierno español le hubiera gustado un mayor nivel de ambición. Al menos que quedara claro, como decía la propuesta original de Bruselas, que hay que dar prioridad a los tests antes que a las cuarentenas porque "son medidas menos lesivas para la circulación de las personas".