El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros (34 millones en un préstamo participativo y 19 millones en uno ordinario) para Plus Ultra Líneas Aéreas. Un préstamo que genera cierta polémica porque la aerolínea -lejos de ser “estratégica”- acumula pérdidas desde hace años y varias demandas millonarias. Además, sus fundadores son los mismos que hace 15 años quebraron Air Madrid y dejaron a miles de pasajeros en tierra.
La historia empresarial de Plus Ultra es corta, pero intensa. Tras quebrar Air Madrid, Julio Martínez Sola y Fernando González decidieron volver al sector aéreo con una aerolínea con un nombre muy patriótico. Así, en 2011, fundan Plus Ultra, término que viene del latín y significa “Más allá”. Carlos I de España y V de Alemania lo usó como lema personal y hoy en día se puede ver el lema escrito alrededor de las dos Columnas de Hércules del escudo de España.
Patriotismos aparte, los exdirectivos de Air Madrid tardaron cuatro años en conseguir que el Ministerio de Fomento les otorgara la licencia de operador aéreo. Así que hasta 2015 la aerolínea no arrancó con sus primeros trayectos, en los que combinaba vuelos chárter con regulares a Latinoamérica desde España.
Es decir, la compañía lleva algo más de cinco años volando. Un lustro que ha dado para mucho porque los fundadores de la compañía también se han anotado otra quiebra; aunque de forma indirecta. Se trata de la agencia valenciana Aquatravel.
En julio de 2016, Plus Ultra dio por finalizado el acuerdo de vuelos chárter suscrito con Aquatravel unos meses antes y por el que operaba hasta cinco rutas. ¿La razón? “La imposibilidad de cumplir con la programación contratada y los problemas en los cobros de los vuelos realizados”, según explicó la aerolínea.
Una situación que derivó en problemas de impago para la agencia de viajes que solo unos meses después se declaró en concurso de acreedores. El incumplimiento de contrato llegó a los juzgados con reclamaciones de las dos partes que al finalizar el ejercicio 2019 aún no habían sido resueltas, aunque el acuerdo parecía estar cerca.
Pero no es el único problema judicial al que se enfrentó. En 2018, Boliviana de Aviación (BoA) interpuso una demanda a Plus Ultra por responsabilidad contractual por importe de 1,13 millones de euros. La compañía boliviana acusó a Plus Ultra de no cumplir con su acuerdo de contrato de ACMI (wet tease) en las rutas de Madrid a Santa Cruz de la Sierra.
Pero el broche final a esta historia judicial la pone la condena por delito fiscal a Fernando González, uno de los fundadores de Plus Ultra. Esta sentencia de 2019 incluye el abono de una multa de 3,11 millones de euros y el pago de una indemnización de 1,55 millones de euros de forma conjunta y solidaria con su socio, el exdirector de la Hacienda Foral de Guipúzcoa y exsenador del PNV, Víctor Bravo.
Más allá de los problemas judiciales, Plus Ultra acumula pérdidas desde el inicio de operaciones “derivadas en buena medida como consecuencia del retraso que se produjo en la concesión de la licencia y otras, fruto del inicio de su actividad”, según explica la aerolínea en la memoria de sus cuentas de 2019, el año más próximo para el que está disponible.
Al borde de la disolución
En concreto, Plus Ultra tiene al cierre de dicho ejercicio un fondo de maniobra negativo por importe de 3.996.171,70 euros, unas pérdidas del ejercicio cuantificadas en 2.113.285,61 euros y unos resultados negativos acumulados de ejercicios anteriores que ascienden a 8.531.540,92 euros.
No obstante, el epígrafe patrimonio neto del balance de situación refleja un saldo positivo de 8.623.395,50 euros al cierre de ejercicio. Conforme a dicho saldo, la sociedad estaría en causa de disolución. Si bien hay que tener en cuenta que la compañía tiene en el pasivo no corriente un préstamo participativo de 6.340.314,71 euros que computaría como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades. Situación que salva in extremis a la aerolínea.
El patrimonio neto final a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil asciende a 31 de enero de 2019 a la cuantía de 14.927.710 euros, correspondientes a la suma de patrimonio neto y préstamo participativo, quedando por tanto resuelta la situación de desequilibrio patrimonial y de causa de disolución.
Actualmente, Plus Ultra tiene una plantilla directa de 345 personas y su actividad genera 2.500 empleos indirectos, según los datos que el Gobierno destacó para explicar su rescate.
Y, a pesar de sus malos números económicos y las demandas que acompañan a la empresa y sus fundadores, ahora cuenta con un salvavidas que le ha tirado el Gobierno para salvarse de la crisis. La cuestión será ver si es capaz de levantar el vuelo tras el rescate.