En concreto, como el proceso de ayuda pública estaba judicializado, el 17 de julio la SEPI presentó al juez una solicitud de petición para poder pagar el préstamo participativo de 34 millones que vence en 2026. Junto a esta petición, presentó un informe de Deloitte y otro de la Abogacía del Estado. Según ha podido saber Invertia, ambos avalan la necesidad del rescate de la aerolínea y la legalidad de efectuar el pago. 

En dicho informe, la Abogacía del Estado del Ministerio de Hacienda asegura -según ha podido saber Invertia- que no efectuar el pago de los 34 millones podría "socavar la relación contractual adquirida con la compañía" tras la aprobación del rescate por parte del Fondo de Ayuda a la Solvencia de la SEPI. 

Una línea que se mantiene también en el informe de Deloitte, en cuya due dilligence se apoyó el fondo rector de la sociedad estatal antes de aprobar las ayudas a Plus Ultra. 

No son los únicos documentos que intentan salvar el rescate a la aerolínea. Este jueves EL ESPAÑOL accedía a otro informe de la Abogacía del Estado en el que se destacaba que no completar el rescate de la aerolínea "haría peligrar la devolución de los 19 millones de euros ya desembolsados" en un primer tramo del rescate. 

"No desembolsar el importe total concedido implica no cubrir el mínimo necesario para restaurar la viabilidad de la compañía", alerta el abogado del Estado en el informe presentado a la jueza. Lo ha hecho en representación de los cinco cargos de la SEPI que están siendo investigados por la justicia por un presunto delito de malversación. 

El documento de la defensa concluye que, estando vigente la resolución por la que se concedió la ayuda y también los contratos suscritos en ejecución de la misma "debe procederse al cumplimiento de lo resuelto y desembolsar el préstamo participativo pendiente”. 

El informe de la Abogacía del Estado fue realizado tras las diligencias penales abiertas en abril por el juzgado número 15 de Madrid contra el expresidente de la SEPI Bartolomé Lora -actual vicepresidente- y el resto de miembros del consejo de administración por un supuesto delito de malversación de fondos públicos que, de momento, ha paralizado el resto del rescate a Plus Ultra de forma cautelar. 

Tres informes independientes

Cabe recordar que la SEPI encargó tres informes independientes para analizar la concesión de la ayuda a la aerolínea Plus Ultra, de los que todos ofrecieron un resultado favorable al rescate. Además del de Deloitte, están los informes realizados por el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). 

Es decir, los mismos que Plus Ultra también utilizará para justificar ante el juez la necesidad de su ayuda, tal y como explicaron fuentes de la aerolínea a Invertia. Estos recogen que la compañía cumple los requisitos para acceder al Fondo de Solvencia y que, además, debe ser considerada estratégica tanto por su relevancia para la economía como por su papel en la conectividad aérea del país. 

Cuenta atrás

Ahora, Plus Ultra tiene un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores. La aerolínea asegura que lo hará “debidamente” en plazo. Alega que “la financiación restante es imprescindible para dar cumplimiento al plan de viabilidad de la compañía, tal y como se aprobó por el Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI, tras el grave impacto sufrido por la pandemia Covid 19”.

Igualmente, justifican que la ayuda pública es necesaria para mantener los 354 puestos directos y más de 2.500 indirectos que la aerolínea genera en España. 

Sin embargo, la situación de la compañía es delicada. Su rescate ha generado mucha polémica ya que su viabilidad está en duda y las posibilidades de que pueda devolver el rescate son bajas, tal y como afirma a este medio el jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, quien además ha denunciado este rescate ante la Comisión Europea. 

“Yo espero que la jueza mantenga esa firmeza. La realidad es que este dinero no se va a poder recuperar porque el plan de viabilidad muestra que había que hacer supuestos heroicos para imaginar que el dinero se puede recuperar”, explica Garicano. 

La formación naranja ya desveló que el plan de viabilidad -al que había tenido acceso de forma parcial- se esperaba que se generen otros 35 millones de pérdidas entre 2020 y 2022. Cabe recordar que entre 2014 y 2020, Plus Ultra ha acumulado 13,5 millones de euros de pérdidas, tal y como ya avanzó Invertia. Casi 50 millones de pérdidas que, si tenemos en cuenta los plazos, hacen difícil hacer frente a la devolución del rescate.