El 2020 fue un año para olvidar en el sector aéreo. Pero 2021, aunque no va todo lo bien que gustaría, es el año en el que las aerolíneas han arrancado la recuperación aupadas, muchas de ellas, por el aval de la Comisión Europea a sus millonarios rescates. Además, en España hay un dato que invita al optimismo: la disminución de trabajadores del sector inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 

En concreto, en julio el número de trabajadores del sector aéreo en ERTE ascendía a 7.915, cifra tres veces inferior a la de junio, cuando alcanzó las 23.817 personas en ERTE, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración. Si bien es cierto que a finales de ese mes Ryanair y EasyJet sacaron a prácticamente toda la plantilla de sus ERTE en España. 

De esos casi 8.000 trabajadores que se mantienen en ERTE, algo más de 1.000 lo hacen de forma parcial, es decir, trabajan en función de la actividad. Desde que arrancó la pandemia, muchas aerolíneas tradicionales como Iberia han optado por este tipo de fórmulas “con el fin de repartir la carga de trabajo a partes iguales”, explicaron fuentes de la compañía a Invertia.

Esto implica que haya trabajadores que prefieran estar de forma voluntaria en el ERTE y que entre el resto se haga un reparto en función de la actividad. Una práctica que en el caso de Iberia se mantendrá, como mínimo, hasta finales de septiembre, fecha de la última prórroga de los ERTE aprobada por el Gobierno. 

El dato de la reducción de trabajadores en ERTE es positivo a pesar de que muchas aerolíneas han adelgazado sus plantillas con planes de despidos acordados con sindicatos. IAG (con British Airways a la cabeza) o EasyJet son algunas de ellas. 

También es positivo porque demuestra que las aerolíneas sobreviven mejor que otros subsectores turísticos a la crisis de la industria. De hecho, ni las recomendaciones de no viajar a España de países como Alemania, EEUU o Francia han cambiado la programación de las compañías aéreas, que se mantienen intactas, según aseguran fuentes de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) a Invertia. 

Así, se prevé operar esta temporada de verano 787.262 vuelos, es decir, un 58% de los vuelos realizados en el mismo período de 2019. Si lo comparamos con 2020, supone un incremento del 114%.   

Rescates avalados

Además, estos brotes verdes vienen avalados por la lluvia de millones de euros en forma de rescate aprobados por Bruselas y que sirve para sostener a muchas aerolíneas. El último fue el de la portuguesa TAP. A mediados de julio, la Comisión Europea dio el visto bueno a un rescate de 1.200 millones de euros.

Y recientemente también aprobó la ayuda de 3.400 millones de euros que Países Bajos había ofrecido a la aerolínea KLM. Decisión que ya tomó hace un año pero que el Tribunal de Justicia de la UE anuló el pasado junio al considerar que Bruselas no lo había justificado adecuadamente.

La Justicia europea anuló la decisión por un recurso presentado por la aerolínea Ryanair (algo que también ha hecho con TAP). La low cost -que no ha pedido ayudas- ha criticado todos los rescates solicitados por las aerolíneas europeas; aunque a la vista está que le ha servido de poco. 

La Comisión Europea también avaló el pasado año el paquete de estabilización de Brussels Airlines por 460 millones de euros, con aportes de 290 millones de euros del gobierno federal belga y 170 millones de euros de Lufthansa (que recibió 9.000 millones de euros en ayudas). 

Air Europa y Plus Ultra

En España, tenemos los rescates a Air Europa y Plus Ultra por 475 millones y 53 millones, respectivamente. El último, el de Plus Ultra, continúa paralizado por un juzgado de Madrid. Independientemente de ello, en ambos casos no entró Bruselas a valorar y aprobar las ayudas públicas. 

¿Por qué? Solo en los casos en que la ayuda supere el umbral de 250 millones de euros sí deberían notificarse a la Comisión, tal y como ocurrió con Air France KLM o Lufthansa. Es cierto que el rescate de Air Europa asciende a 475 millones, pero repartidos en un préstamo participativo de 240 millones y en otro ordinario de 235 millones, tal y como explicamos en Invertia. 

Al tratarse de préstamos subsidiados y no de inyección directa de capital, no debe notificarse, según los requisitos de la CE. Solo se aplicaría si estos préstamos acaban convirtiéndose en capital de la empresa. En el caso de Plus Ultra ni siquiera supera esos 250 millones, a pesar de que el polémico rescate sí llegó a Bruselas por una denuncia de Ciudadanos.