Nuevo lío en el programa de termalismo del Imserso. La prórroga aprobada en Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) deja en una situación económica muy complicada a muchos balnearios si se mantienen los mismos precios establecidos en 2021 con datos de 2020. El silencio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no quiere aclarar la situación, ha llevado a la Asociación Nacional de Balnearios (Anbal) a introducir el tema en campaña electoral.

"Si no se clarifica la situación tendremos que movilizarnos para que todos los partidos políticos sean conscientes de la situación", señala a este medio Miguel Mirones, presidente de Anbal, quien quiere recabar apoyos para encontrar una solución antes de las elecciones generales. 

¿Por qué tiene que ser antes del 23-J? Por una cuestión de tiempos. Los expedientes administrativos deberían resolverse estas semanas para que se vayan cerrando los contratos con los balnearios participantes. La tramitación de los contratos lleva entre cinco y seis meses y el programa del próximo año arranca a finales de febrero y dura hasta diciembre. 

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El origen del problema está en que la prórroga del contrato actual (de la temporada 2021-2022) está calculada con la tabla de costes de 2020. "Con la guerra, los costes en 2022 se dispararon, por lo que pedimos en ese momento no prorrogar el contrato con estas condiciones, pero no nos hicieron caso y lo ampliaron a 2023", señala Mirones. Y ahora parece que vuelve a prorrogarse para 2024. 

Situación que no es viable para los balnearios "que no pueden aguantar más la subida de los precios de la energía, de los alimentos o de los costes laborales", denuncia. Algo que hace que muchos balnearios trabajen a pérdidas y obligados, porque al ser una prórroga del contrato no pueden renunciar a participar en dicho programa. Si lo hacen se arriesgan a sanciones económicas o a que ninguna administración pública les vuelva a contratar.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 -de quien depende el Imserso y, por tanto, este programa- se mantiene en silencio. En la última reunión que tuvieron con Anbal, antes de las elecciones autonómicas y municipales, les trasladaron que el anuncio del Consejo de Ministros no necesariamente implica una prórroga. Sin embargo, los servicios jurídicos de la asociación confirman que sí lo es. 

Por ello, Mirones reclama una clarificación por parte del ministerio presidido por Ione Belarra. De momento no lo han conseguido. Este medio se ha intentado poner en contacto con el Ministerio, que no ha respondido a ninguna de las preguntas realizadas. 

Además, desde el sector de los balnearios no entienden que para el programa de Turismo Social se aprobara un aumento de precio en el concurso para la temporada 2023-2024 mientras que para el de termalismo no se hiciera lo mismo.

"No tiene lógica cuando históricamente ha habido un incremento en los dos programas a la vez", asegura Mirones, que también es presidente del Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).

Beneficios del programa

Y lo cierto es que lo que hay en juego es mucho: 7.000 empleos directos y 12.000 indirectos en 100 comarcas españolas donde están repartidos estos centros. "El balneario es el motor económico de estas comarcas y si se lleva a la ruina a los balnearios se condena a la España Vaciada", advierte el directivo. 

Además, las arcas públicas también se benefician de este programa. Por cada euro que el Estado invierte en el programa se recuperan 2,4 euros, según Anbal. Dato muy superior a los 1,56 euros de beneficio que genera el programa de turismo social del Imserso. 

También favorecen la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico. Sin estas estancias, muchos trabajadores de estos establecimientos acabarían en el paro, por lo que tendrían que cobrar una pensión de desempleo a cargo del Estado. Así, el Gobierno sigue recaudando el IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF y se ahorra el pago del desempleo. 

Y, por último, los tratamientos de salud que se dan en estos centros permiten reducir el gasto farmacológico en algunas dolencias, según Anbal.