De hecho, el principal impacto es que esa prohibición de pagar un extra por el equipaje de mano no desaparecería del todo, porque obligaría a los turistas a tener que pagar “por servicios que no necesitan” a la hora de viajar al país. 

“Sancionar esta práctica limita la opción de pagar sólo por los servicios indispensables y se obligaría a todos los pasajeros a contratar el servicio de transporte de maleta de cabina, aun cuando no lo necesiten”, señala el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

Actualmente, las aerolíneas distinguen entre dos tipos de equipaje que se suben a cabina: el accesorio personal y los trolleys (o pequeñas maletas). El primero es un bulto, bolso o mochila que debe entrar debajo del asiento y es gratuito, mientras que el segundo es la maleta que debe tener unas medidas específicas y por la que la aerolínea cobra un suplemento extra.

Es este suplemento extra por el que Consumo ha multado a estas aerolíneas. El problema es que si se prohíbe este cobro, automáticamente la tarifa básica de las low cost incluirá sí o sí el precio de llevar esta maleta en cabina, independientemente de si el pasajero quiere llevarla o no. Eso quiere decir que previsiblemente el billete de avión será más caro. 

De este modo, ALA calcula que entre el 30% y el 40% de los pasajeros (cerca de 50 millones) hoy en día no lleva maleta de cabina a bordo y sólo viaja con el equipaje de mano bajo el asiento.

Estos no podrían beneficiarse de pagar sólo por los servicios indispensables, de forma que se les obligaría a contratar servicios que no utilizan.

Retrasos

Además, hay otro problema que también perjudicaría directamente al usuario. Desde ALA han advertido que la prohibición puede suponer grandes “retrasos” en la operativa de los vuelos.

Hay una tendencia a llevar la maleta en cabina y no facturar, pero los aviones no tienen capacidad física para acoger todas las maletas tipo trolley de todos los pasajeros en cabina.

Estos son los trucos para conseguir que tu maleta sea la primera en salir por la cinta del aeropuerto

Si aumenta el número de maletas de mano debido a que los usuarios pagarán por este servicio sí o sí, las maletas que no caben deberán llevarse a bodega, lo que provocará múltiples inconvenientes y demoras en la salida, que afectan al conjunto de pasajeros.

“Caben 90 trolleys en cabina y hay 180 pasajeros. Los últimos pasajeros tenían que bajar las maletas a la bodega. Con estas prácticas, sólo las personas que precisan llevar ese trolly lo llevan y se ha reducido los retrasos”, detallan desde la patronal aérea.

Plazos

De momento, cobrar por el equipaje de mano no es una práctica ilegal porque la multa no es firme desde el punto de vista administrativo. Ahora hay un plazo que varía en cada compañía de un mes (hasta mediados de junio) para realizar recurso alzada ante el Ministerio de Consumo y luego el Ministerio tiene tres meses para resolver. Más tarde, entra en juego la vía judicial que cada aerolínea (Ryanair, Volotea, EasyJet y Vueling) llevará de forma individual. 

Por ello, el proceso podría alargarse varios meses más y no parece que vaya a afectar a la temporada fuerte de verano en los aeropuertos españoles. “De momento, hasta que no haya resolución no cambia nada. Y una vez que lo haya dependerá de la vía judicial y de si hay medidas cautelares”, asegura Javier Gándara.

Una mujer deja su equipaje de mano justo encima de su asiento en un avión iStock

Cabe recordar que en junio de 2023 Consumo abrió expediente a estas cuatro aerolíneas para investigar si determinadas prácticas eran abusivas. 

En concreto, se centró en cuatro prácticas: cobrar un suplemento por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes, falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio, no permitir el pago en metálico en el aeropuerto por estos u otros servicios adicionales y cobrar un suplemento por el equipaje de mano de los pasajeros. Esta última es la más polémica y la que supone mayores multas.

La Dirección General de Consumo instruyó la investigación y envió las propuestas de sanción y las razones a las compañías afectadas, según explican fuentes del Ministerio de Consumo a este medio.

Las aerolíneas tuvieron derecho entonces a realizar alegaciones ante la Secretaría General de Consumo y Juego. La Secretaría General estudió las alegaciones y las propuestas de resolución de la Dirección General de Consumo y dictó una resolución que fue comunicada semanas atrás a las aerolíneas afectadas.