La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a la plataforma de alquiler de pisos turísticos AirBnB por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitaban sin licencia.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy envió el pasado mes de junio un requerimiento a esta plataforma instándola a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio y que no ofrecían su número de licencia.

Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El incoamiento del expediente abre ahora un periodo para la instrucción del expediente definitivo y la consecuente resolución por parte de Consumo.

La investigación de Consumo comenzó el pasado mes de junio con un requerimiento de información a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.

Meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios en AirBnB no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador.

No obstante, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.

Afectación a consumidores

Los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, para Consumo, "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".

Asimismo, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria.

En junio pasado, Airbnb, la mayor plataforma de pisos turísticos de España, negó haber recibido requerimiento alguno por parte del Ministerio de Consumo y defendió sus prácticas. "Siempre vigilamos que se cumplan con las leyes locales", aseguraron entonces desde la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia en un comunicado.