Solución de emergencia en Prisa para reestablecer su equilibrio patrimonial

El consejo de administración de Prisa ha acordado en su reunión de este viernes una compleja operación financiera para reducir capital y así poder reestablecer el equilibrio patrimonial de la compañía. Una solución de emergencia ante la parálisis en la que se ha quedado la editora de El País en medio de la guerra que mantienen sus accionistas por el control del grupo.

Prisa ha decidido poner en marcha tres operaciones que serán sometidas a la aprobación de una junta extraordinaria convocada para el próximo 30 de octubre. El primer movimiento será la compensación de pérdidas con cargo a reservas voluntarias por importe de 1.578 millones de euros y a la reserva legal por importe de 5,3 millones de euros.

Luego propondrán una reducción del capital social de 154,3 millones de euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad en 1,97 euros hasta 1,03 euros por acción . El objetivo con ello es compensar pérdidas en base al balance cerrado a 31 de agosto de 2017.

Pérdida del valor nominal de las acciones

Finalmente se someterá a votación una reducción del capital social en siete millones de euros, mediante la  disminución del valor nominal de las acciones de la sociedad en 0,09 euros hasta 0,94 euros por acción, para incrementar la reserva legal en base al balance cerrado a 31 de agosto de 2017.

La sociedad reconoció en sus últimas cuentas que, a 30 de junio de 2017, su patrimonio neto era de 141,6 millones de euros, importe inferior a las dos terceras partes de la cifra del capital social. Si bien el patrimonio se situaba por encima de la mitad de este capital, Prisa se encuentra técnicamente en una situación de desequilibrio patrimonial y por tanto en causa de disolución.

La Ley de Sociedades de Capital establece que este desequilibrio debe ser restablecido en un año (dos meses si el desfase es de más de la mitad del capital, algo que no le pasa a Prisa) de lo contrario la la sociedad deberá disolverse al finalizar este plazo. Precisamente toda estas operaciones tienen por objetivo reestablecer este equilibrio de manera inmediata.

Los accionistas perderán parte de su inversión

Con esta medida los accionistas de la compañía aceptan perder dinero, porque se rebaja el valor de sus acciones, a cambio de que la empresa pueda seguir funcionando. Esta reducción de capital es interpretada como una solución intermedia y un cese temporal de las hostilidades para que Prisa no entre en disolución.

El bando de los rebeldes liderado por Amber Capital y al que se había sumado la familia Polanco promovió hace dos semanas una ampliación de capital al mismo tiempo que bloquearon la venta de Santillana propuesta por el presidente ejecutivo Juan Luis Cebrián.

Después de casi tres horas de debate y con el sillón del presidente ejecutivo nuevamente en el aire, Cebrián acordó una solución de última hora para las urgencias más inmediatas de la compañía, pero que no resuelve la guerra de fondo que se vive en el consejo de administración. Amber ya acordó la sucesión del ex director de El País con los Polanco, lo que abre la puerta a su marcha definitiva de la compañía.

Sin soluciones para la deuda

Cebrián sigue sin soluciones para reducir la elevada deuda de la compañía. El endeudamiento neto bancario del Grupo creció en 57,1 millones y se sitúa en 1.543,3 millones a junio de 2017. No obstante, en sus cuentas la compañía declara pasivos financieros totales por valor de 1.889 millones de euros.

Por vencimiento, el tramo 2 de la deuda, fijado en 956,5 millones, debe pagarse antes de diciembre de 2018. El tramo 3 tiene vencimiento en el ejercicio 2019 y su coste es de 176,9 millones. Hay un tercer tramo de deuda denominado préstamo participativo (PPL) “que se originó con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial de Prisa tras el registro de las pérdidas derivadas de la operación de venta de DTS”, según reconocía Prisa en sus últimas cuentas de resultados semestrales.