Todos los grupos políticos, a excepción del Partido Popular, han presentado este martes ante los Presidentes del Congreso y del Senado su propuesta de reglamento para elegir nuevo presidente y consejo de la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE). Este documento deberá ser aprobado por las mesas del Congreso y del Senado para que empiece el plazo de sesenta días para realizar el concurso público que elija a los nuevos miembros del máximo organismo de la televisión pública.
El documento, que hace dos semanas fue acordado por el PSOE, Ciudadanos y Podemos, ha contado además con el apoyo del grupo mixto, ERC y el PNV; es decir, todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular. El “mayor consenso posible”, según pidieron las mesas del Congreso y del Senado el pasado 12 de febrero a los grupos políticos entrampados por esas fechas en la elección de un sistema para sustituir a José Antonio Sánchez.
El Partido Popular estaba citado a la reunión de este martes e incluso algunos grupos pensaban que firmarían el documento. No obstante, tras este desplante siguen al margen del acuerdo de todo el espectro político. Según los grupos consultados, este movimiento del PP no tendría demasiada incidencia en el Congreso, ya que se tienen los votos suficientes en la mesa para sacar adelante el reglamento.
El PP podría bloquear el acuerdo en el Senado
No obstante, donde sí tiene mayoría el Partido Popular es en el Senado, cámara donde podría bloquear el acuerdo alcanzado por el resto de partidos. De momento, nadie se plantea esta posibilidad, aunque el partido del Gobierno no se ha manifestado en ningún sentido. El resto de fuerzas políticas han pedido un apoyo formal al PP a este reglamento y al sistema de elección con concurso público y por dos tercios de las cámaras con al apoyo de cuatro partidos.
En cualquier caso, y según el calendario propuesto, una vez que se apruebe el nuevo reglamento en las mesas del Senado y del Congreso se constituiría un comité asesor donde se dirigirán los candidatos que se quieran proponer de manera voluntaria -los partidos no propondrán candidatos-. Estos expertos serán elegidos de acuerdo a la aritmética política.
En total, se espera elegir entre 15 y 17 expertos que propondrán proporcionalmente todos los grupos políticos de acuerdo a su número de diputados. El comité filtrará las candidaturas para que los seleccionados finales puedan comparecer ante las cámaras para explicar sus proyectos y puedan ser evaluados.
En junio debería elegirse nuevo Presidente de RTVE
Finalmente, y después de 50 días de la puesta en marcha del procedimiento, se elegirán a los diez nuevos miembros del consejo. Nueve días después se votará al presidente de la Corporación RTVE que se hará por acuerdo de, al menos, los cuatro partidos mayoritarios.
Todo el procedimiento deberá tardar un máximo de sesenta días. Esto significa que si se aprueba este reglamento esta semana o la próxima, a mediados de junio deberíamos tener un nuevo presidente, coincidiendo con el fin del mandato de José Antonio Sánchez. Unos plazos que solo se podrían cumplir si es que el PP no bloquea el procedimiento en la mesa del Senado.
La nueva RTVE con el mismo Presupuesto
Esta nueva RTVE echará a rodar con el mismo presupuesto que los dos últimos años. El Ministerio de Hacienda ha dotado a Radio Televisión Española (RTVE) con una asignación de 343 millones de euros para este 2018, la misma cifra que en 2016 y 2017. A este dato hay que añadir otros 41 millones en concepto de la liquidación del ente público, 12 menos que el año anterior.
Fuentes de la Corporación consultada por RTVE a finales del año 2017 indicaron a EL ESPAÑOL que el objetivo de Moncloa era aumentar esta dotación como una forma de dar un impulso a la actual administración de la cadena pública que ha logrado llevar a los beneficios a la Corporación durante los dos últimos cursos.
De esta manera, pese a que no se aumentó de manera directa el presupuesto público, Hacienda cumplió con parte de su promesa y aumentó el techo de gasto de la Corporación por sobre los 1.000 millones de euros, lo que supone 26 millones de euros más que en 2017. El Estado fía el alza a las tasas que tienen que pagar las televisiones en abierto y de pago y las compañías de telecomunicaciones a la cadena para compensar el uso de espacio.