La Comisión Europea confirmó esta semana que el 10 de abril sus funcionarios llevaron a cabo inspecciones sin previo aviso en varios Estados miembros en las instalaciones de empresas dedicadas a la distribución de derechos de eventos deportivos y sus transmisiones.
El miércoles la cadena de televisión Fox, propiedad de Rupert Murdoch, y la empresa holandesa Ziggo Sport confirmaron que investigadores de la Comisión se desplazaron hasta sus oficinas en Londres y Ámsterdam por la posible existencia de un cártel sobre los derechos de transmisiones deportivas.
Una investigación que hasta el momento no ha salpicado a España. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con diferentes empresas españolas tenedoras de derechos deportivos que han confirmado a este periódico que no fueron parte de estas inspecciones y que hasta la fecha no han recibido ningún requerimiento al respecto.
Premier League
Estas mismas fuentes indican que la principal investigación estaría relacionada con la compra de los derechos de la Premier League del anterior ciclo efectuadas para la temporada 2016, por las que Sky (Fox) y BT pagaron unos 5.800 millones de euros, el precio más alto que se ha pagado por la emisión en televisión de una liga europea.
En concreto, la Comisión teme que las empresas involucradas puedan haber violado las normas antimonopolio de la UE que prohíben los cárteles y las prácticas comerciales restrictivas (artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Los funcionarios de la Comisión fueron acompañados por sus homólogos de las autoridades nacionales de competencia pertinentes.
Las inspecciones sin previo aviso son un paso preliminar respecto de prácticas anticompetitivas sospechosas. El hecho de que la Comisión realice tales inspecciones no significa que las empresas sean culpables de comportamientos anticompetitivos ni prejuzguen el resultado de la investigación en sí.
No hay plazos
De hecho, "la Comisión respeta los derechos de defensa, en particular el derecho de las empresas a ser oídas en procedimientos antimonopolio", según indican el ejecutivo europeo en su nota confirmando sus actuaciones.
No hay un plazo legal para completar las investigaciones sobre conducta anticompetitiva. Su duración depende de una serie de factores, incluida la complejidad de cada caso, la medida en que las empresas afectadas cooperan con la Comisión y el ejercicio del derecho de defensa.