El diario La Razón -propiedad del grupo Atresmedia- vuelve a estar en el centro de la polémica con nuevas pruebas que le sitúan como una tapadera de pagos para facilitar los manejos de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del periódico durante los años que se investigan en el marco de la operación Lezo. Estas pesquisas analizan la gestión del Canal de Isabel II bajo el mandato de Ignacio González y una trama de corrupción a través de Inasa, su filial en Latinoamérica.
Según informa Cadena Ser este lunes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye la operación Lezo la apertura de una nueva línea de investigación al detectar posibles sobornos de la mano derecha de Ignacio González en el Canal Isabel II, Edmundo Rodríguez, al embajador de España en Haití entre 2011 y 2014 Manuel Antonio Hernández Ruigómez, a cambio de su mediación con las autoridades haitianas para obtener contratos de reconstrucción.
Edmundo Rodríguez Sobrino, ordenó pagos de 7.200 euros anuales durante 2013 y 2014 a Mario Hernández Sánchez-Barba, padre del embajador, supuestamente por la publicación de artículos de opinión en el diario La Razón, periódico del que Edmundo Rodríguez era consejero. Los artículos fueron publicados en el diario, pero La Razón nunca hizo frente a los pagos ya que el abono fue realizado Epsilon, una empresa colombiana proveedora de servicios de Inassa, la filial latinoamericana del Canal y empresa en el centro de toda esta trama de corrupción.
Publicidad institucional para 'La Razón'
No es primera vez que La Razón está en el centro de la polémica por el Caso Lezo. Según informó EL ESPAÑOL en abril de 2017, este periódico del que por entonces todavía era consejero Edmundo Rodríguez Sobrino, tenía un acuerdo para recibir un millón de euros al año que abonaba el Canal de Isabel II, compañía de la que era presidente de una de sus filiales el propio Rodríguez Sobrino.
Un montante que no aparecía registrado en los datos oficiales sobre publicidad institucional de la entidad fue porque se pagaban a través de un convenio específico absolutamente opaco. El periódico dirigido por Francisco Marhuenda fue el medio privado con más ingresos publicitarios en relación a su baja audiencia, una prueba de que estas adjudicaciones de publicidad se hicieron sin seguir ningún criterio técnico ni objetivo.
Precisamente, en el marco de las investigaciones del juez Eloy Velasco en esta operación aparecían como investigados - los antiguos imputados - el presidente de La Razón, Mauricio Casals; el director del periódico, Francisco Marhuenda, el consejero Edmundo Rodríguez Sobrino, apoderado de uno de los principales inversores y el presidente de su consejo de administración, Santiago Barreno Sevillano.
Operación Hanta
Pero no es lo único. Las implicaciones y el uso de La Razón para manejos también llegaron a la Operación Hanta. De acuerdo a los antecedentes vertidos en este proceso, La Razón habría emitido y cobrado facturas a ZED como condición a que esta última pudiera emitir sus programas de televisión en Antena 3, cadena también controlada por el grupo Planeta -editor de La Razón- que utilizaba así su posición de dominio en el mercado televisivo para beneficiar a sus otros medios de comunicación.
La disputa del editor de La Razón, Planeta, y Pérez Dolset fue uno de los principales detonantes de la Operación Hanta, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, que investiga las irregularidades en la concesión de créditos a ZED -unos 67 millones de euros en ayudas públicas- empresa que en su momento fue uno de los gigantes de los videojuegos y de la animación y que estaba participada por el grupo Planeta en un 25%. Por este último proceso Santiago Barreno, presidente del consejo de administración de La Razón, también fue llamado a declarar como investigado.