El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones contra el expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa y Openbank, Javier Monzón, que estaba siendo investigado en el marco del caso Púnica por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid.
El pasado 29 de octubre, el grupo Prisa mantenía a Monzón como presidente descontando que este proceso afectase a la compañía. A mediados de septiembre el grupo abrió una investigación para medir el alcance de su imputación como investigado en la operación Púnica en la reputación de la compañía, un informe que le fue favorable y que fue clave para que el consejo le mantuviese en el cargo.
El auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL confirma judicialmente esta decisión diciendo que "no hay prueba alguna de dolo o culpa" en el caso de Monzón. "A la vista de las diligencias practicadas (declaraciones de los directivos imputados de Indra, imputados de ICM, así como testificales y documental) mantener la imputación de Francisco Javier Monzón de Cáceres sería contrario al principio de culpabilidad (no hay prueba alguna de dolo o culpa)".
También sería contrario a la presunción de inocencia, según el fallo. "No existe indicio alguno tras las diligencias practicadas ni de la posición de dominio del hecho, ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos", dice el auto.
Por estos razonamientos, "procede el sobreseimiento provisional ex art. 641 2 de la Lecrim, en relación con éste investigado, al entender la existencia de delito previo, pero no existen motivos suficientes para acusar a este investigado como autor, cómplice o encubridor", concluye.
"No hay referencia"
"Basta examinar la documental aportada (tanto por su representación procesal, como por la propia Indra) y obrante en las actuaciones, para concluir que no existe acto o norma alguna que determine ese deber de supervisión vigilancia y control al presidente de la compañía", agrega.
El auto indica además de que ninguno de los investigados ha hecho referencia a Monzón. "No sólo no existe indicio alguno del conocimiento de los hechos investigados por parte del presidente de la compañía en el momento de los hechos, sino que además ninguno de los investigados ha hecho referencia", apunta.
"Por el contrario, consta en las actuaciones que durante los años de la Presidencia del investigado, y en el ámbito de las competencias propias del consejo de administración, se dotó a la compañía de los mecanismos de supervisión vigilancia y control, y así un sistema normativo interno en cada uno de los ámbitos funcionales y de actividad", añade.
Este auto consolida a Monzón al frente de Prisa después de que su figura fuese cuestionada al interior del consejo de la compañía a mediados del año pasado tras su imputación.
Como ya contó este periódico, el futuro de Monzón dependía en gran parte de los apoyos que lograse (o no) dentro del Consejo, una batalla que se estuvo jugando durante semanas. Amber y HSBC apoyaban la destitución de Monzón por el perjuicio que podría causar su paseo por los juzgados a la imagen de la compañía.
Disputa con Amber
Joseph Oughourlian, representante del máximo accionista Amber y vicepresidente no ejecutivo, presionó sin éxito para que que el informe de la Comisión de Nombramientos fuese contrario al presidente no ejecutivo, con el objetivo de poder utilizarlo para pedir la salida de Monzón.
Amber y HSBC buscaron apoyos entre el resto de los miembros del consejo y accionistas de la compañía para pedir la salida de Monzón, pero sin éxito. Finalmente, en un informe conocido en octubre, el consejo de administración de Prisa, tomando en consideración el informe elevado por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo falló a su favor.
El máximo organismo de decisión de Prisa "no encontró motivos, en este momento, que justifiquen la adopción de ninguna medida que afecte a su continuidad como presidente del Consejo de Administración, desempeñando su cargo con pleno ejercicio de sus funciones reglamentarias”.