Seis años después de la promulgación de la Ley de Propiedad Intelectual y del controvertido artículo 32.2 que establecía un canon a los agregadores de internet por usar los contenidos de los editores españoles, la polémica vuelve a estar servida entre empresas periodísticas, tecnológicas y el propio Ejecutivo.
El Gobierno ultima el proyecto de ley que podría derogar o mantener este canon, mientras que la mayoría de los editores digitales piden libertad para gestionar y negociar sus derechos y buena parte de los diarios tradicionales o legacy media que impulsaron su puesta en marcha comienzan a desmarcarse de la versión oficial de su patronal -la Asociación de Medios de Información (AMI)- y rechazan su aplicación.
Como telón de fondo, Google, Facebook y los grandes gigantes tecnológicos ultiman acuerdos con periódicos en todo el mundo para comprar licencias que den libre acceso a los contenidos de las cabeceras, una posibilidad que se frena en España por culpa de esta tasa a los agregadores.
En diciembre del año pasado el Gobierno -a través del Ministerio de Cultura- hizo una consulta pública respecto de la adaptación de la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital, promulgada en abril de 2019 por la Unión Europea y que cuenta con dos años para incorporarse a la normativa de cada país miembro.
Según las fuentes consultadas por Invertia, la idea del Ejecutivo es lanzar una audiencia pública -último paso antes de enviar el proyecto de ley al Congreso- a la vuelta del verano. En estos momentos se ultiman los detalles del cuerpo legal que será presentado al sector de los editores y de las empresas tecnológicas en septiembre.
Seis años de Canon AEDE
El proyecto debe decidir sobre el discutido Canon AEDE que fue aprobado en 2014 y que establecía que los editores tienen el "derecho irrenunciable" de cobrar a los agregadores de contenidos en Internet por la indexación de sus artículos. Este artículo 32.2 estableció además que sería el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro) la entidad de gestión de derechos responsable del cobro y del posterior reparto del canon entre los editores.
Las fuentes consultadas por este diario indican que dentro del Ejecutivo se debate si es más conveniente la aplicación de la totalidad de la directiva comunitaria y la sustitución del artículo 32.2 por el número 15; o mantener inalterable la polémico “derecho irrenunciable”. La UE reconoce la propiedad de los editores sobre sus obras, pero abre la puerta a que sean éstos los que los negocien sus derechos e incluso puedan renunciar a ellos si así lo deciden.
El matiz no es menor ya que mientras la normativa española dice que el canon se debe cobrar sí o sí y que además lo debe hacer una entidad de gestión, Europa da libertad a los editores para hacer lo que estimen conveniente con este derecho. Es así como dentro del Gobierno conviven dos almas: mientras el Ministerio de Cultura insiste en mantener el 32.2 en el nuevo cuerpo legal, desde el Ministerio de Economía y Moncloa se considera que se debe adoptar el modelo europeo que ya se está aplicando en algunos países como Francia.
Quienes dentro del Ejecutivo están de acuerdo con aprobar el modelo europeo indican que parece paradójico que un Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos se esté planteando seguir adelante con un canon aprobado en el Gobierno de Mariano Rajoy, que precisamente fue rechazado por los dos grupos políticos cuando se promulgó.
En el caso español y como ya publicó este diario, el Canon AEDE ha recaudado apenas 10.000 euros al año, unos 60.000 desde que está en funcionamiento. Una cantidad insignificante si se compara con los 80 millones de euros anuales que AEDE -la patronal de los diarios tradicionales- esperaba cobrar cuando se aprobó la tasa en julio de 2014.
Salida de Google News
Las fuentes consultadas indican que las previsiones que hizo en su momento la patronal de los editores de prensa en papel (en ese momento AEDE y ahora AMI) se basaban casi exclusivamente en lo que pudiesen recaudar por Google News, pero el agregador abandonó España en momentos en que se aprobaba esta ley y nunca más volvió. De hecho, nuestro país es el único de Europa que no tiene este servicio del gigante digital.
En estos momentos, ningún agregador a excepción de Upday, el primer y único que llegó a un acuerdo con el gestor de derechos, ha pagado sus cuotas a Cedro. El resto de los que siguen en España, entre los que se incluye Menéame, se han negado a pagar basándose en una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2018 que anuló el canon por un defecto de forma.
¿Y los editores? La mayoría de los diarios nativos digitales están a favor de que se flexibilice la norma y se les permita poder negociar sus propios derechos. De hecho, ponen como ejemplo la casi inexistente facturación de esta tasa y la nula libertad para gestionar los derechos de sus contenidos.
Es más, la posibilidad de derogar el Canon AEDE también gana adeptos entre los propios miembros de AMI que consideran que su aplicación ha sido un fracaso. Las fuentes consultadas indican que son cada vez más más voces que piden un cambio de discurso oficial en el seno de la patronal.
Hace seis años el CEO de Vocento Luis Enríquez -que en ese momento era presidente de la AEDE- fue uno de los principales precursores de este canon. En este grupo se sigue defendiendo esta decisión con el apoyo de Unidad Editorial y Antonio Fernández-Galiano, que ahora es presidente de AMI. En contra del canon se han posicionado varios grupos regionales y alguno nacional con intereses en prensa económica y deportiva, aunque de momento la versión oficial sigue siendo la de apoyar la medida.
Impacto económico
Con todo, los detractores del canon advierten de los perjuicios económicos. Un informe de 2017 titulado Impacto sobre la Competencia y el Libre Mercado de la Tasa Google o Canon AEDE indicaba que el cierre de Google News en España generó una reducción del 11% en el número de vistas a editores de noticias online. La caída de este tráfico se produjo principalmente en los pequeños editores.
Respecto de la valoración económica de este impacto indicaron que podría estar en torno a los 9,3 millones. “Tomando en cuenta que los ingresos de publicidad en la prensa online son alrededor de 180,9 millones euros al año, la reducción de beneficios para la prensa online se puede estimar en 9,3 millones anuales". Tres años después los ingresos de la prensa digital son más abultados, por lo que el impacto podría ser incluso mayor.
Del mismo modo, los diarios digitales y los legacy media que están a favor de su desaparición advierten de que su existencia pone en riesgo futuros acuerdos con gigantes como Google. El buscador anunció la semana pasada un nuevo programa para comprar licencias a medios digitales, es decir, pagar a los medios una tarifa para que los usuarios del buscador tengan libre acceso a los contenidos de los diarios.
Según la compañía, este programa que se lanzará de manera global a finales de este año ayudará a los medios participantes a monetizar su contenido a través de "mejores formas de creación y distribución de noticias que permita a las personas profundizar en historias más complejas, mantenerse informadas y acceder a un mundo de temas e intereses muy diversos".
¿Vuelta de Google News?
Como primer paso, se han alcanzado acuerdos de colaboración con medios locales y nacionales en Alemania, Australia y Brasil. Dentro de los más relevantes se firmó con el Grupo SPIEGEL de Alemania; además de Solstice Media, de Australia y el grupo brasileño de medios regionales Diarios Associados.
Este sistema se debería articular en base a un agregador de noticias similar a Google News, donde los usuarios tengan la puerta de entrada a los medios con los que el gigante tecnológico haya firmado estos acuerdos. De esta manera, si medios españoles llegan a acuerdos con Google para vender licencias, Google News debería necesariamente volver a nuestro país.
Por el contrario, si sigue adelante el Canon AEDE en la nueva ley de propiedad intelectual sería imposible para los medios articular este tipo de acuerdos. De ahí la petición de la mayoría de los diarios para poder obtener la libertad de poner negociar libremente los derechos sobre sus contenidos. Algo que ya se hace en Francia y se pretende aplicar en buena parte de los países de Europa. En septiembre comenzará la batalla.