El imperio radiofónico de Carles Puigdemont tendrá que esperar. Desde hace varios años, personas cercanas a la antigua Convergencia, a Junts per Catalunya y al expresident han comenzado a acumular una importante cantidad de licencias de radio de ayuntamientos catalanes, muchas de ellas a través de concesiones ilegales de emisoras municipales públicas. Un claro intento de construir una red afín al independentismo y a la maquinaria institucional separatista.

No obstante, en lo que va de año se han sucedido dos decisiones que han puesto freno a este movimiento. La primera fue la negativa de ERC a la tramitación exprés de la nueva Ley Audiovisual catalana que -mediante un decreto- autorizaba la cesión de la gestión de las emisoras municipales a empresas privadas. Y la segunda fue un nuevo pronunciamiento de la Justicia declarando, por tercera vez, ilegales estas cesiones.

Esto quita cualquier respaldo jurídico a los movimientos de empresarios cercanos a la órbita del independentismo que llevan años intentando controlar y gestionar emisoras municipales, pese a que Cataluña es la única autonomía que prohíbe estas cesiones explícitamente.

Un movimiento organizado por dos nombres propios vinculados directamente a Puigdemont y su entorno. Por un lado, Francesc Pena, hombre de confianza del exconsejero de CiU Francesc Homs, y que durante los últimos ocho años ha sido el responsable de Xarxa Audiovisual Local (XAL), la red de televisiones y radios locales dependiente de la Diputación de Barcelona a través la cual se ha externalizado la cesión de las radios locales a tenedores privados.

Pena contrató a Marcela Topor, esposa del expresidente Carles Puigdemont, para hacer un 'magazine' en inglés en la Xarxa y tras su salida del organismo público fichó como responsable de prensa de Junts per Cat a finales de 2020.

La Xarxa

Por el otro lado, junto a Francesc Pena el otro nombre propio es Daniel Cascales, dueño de Montcau Produccions, que controla sus emisoras de radio bajo el paraguas de Digital Hits FM.

Cascales es un firme convencido del independentismo, como se puede comprobar en sus redes sociales, donde es un devoto del separatismo y de Carles Puigdemont. Montcau es además la sociedad adjudicataria de la mayoría de las externalizaciones de las radios locales catalanas.

Todo comenzó en 2016, cuando el Ayuntamiento de Girona, con Puigdemont como presidente de la Generalitat, cedió la explotación de la radio municipal a una productora privada que también hacía el 100% de la gestión de la emisora, Fem Girona. En aquel caso, Puigdemont hizo el movimiento a través de La Xarxa -organismo público dependiente de la Diputación de Barcelona y presidido por Francesc Pena-.

No obstante, la Asociación Catalana de Radio (ACR) denunció la situación y la alcaldesa Marta Madrenes ordenó el inicio de un nuevo concurso de privatización. En 2018 se volvió a ejecutar la adjudicación y en este caso se la llevó Montcau con la misma fórmula: a través de La Xarxa de Francesc Pena.

Sin embargo, la adjudicación ha sido deslegitimada por el Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Girona que el pasado mes de marzo falló que el Ayuntamiento de Girona cedía ilegalmente a una productora externa la gestión completa de la emisora municipal de la ciudad por 316.389,29 euros.

Reveses judiciales

Según la sentencia “no puede obviarse que la adjudicataria (Montcau) no solo se encarga de la elaboración de la programación, sino que también determina el contenido de los programas, selecciona a los intervinientes y facilita las instalaciones y los medios personales y técnicos necesarios para prestar el servicio. Y, por si no fuera suficiente, puede encargarse de la gestión de la publicidad y de patrocinios de programas”.

La empresa adjudicataria de la privatización, Montcau Producciones, ha resultado adjudicataria de servicios iguales en otros ayuntamientos y siempre por este mismo procedimiento declarado ilegal en tres sentencias distintas.

Este no es el primer revés en contra de este modelo de cesión de licencias. Previamente a la de Girona se dictaron también fallos en contra de las cesiones de explotación de los ayuntamientos de CastellVell del Camp y Sant Pol de Mar.

Del mismo modo, la patronal de radios privadas catalanas ha denunciado los últimos años las privatizaciones de las emisoras municipales de Girona, Sant Pol de Mar, Berga, Santa Cristina d'Aro, Castellvell del Camp (que emitía para todo el Camp de Tarragona), Santa Coloma de Farners y recientemente Sant Vicenç de Montalt, Sant Sadurní y Sant Just, entre otros.

Unos procedimientos a los que casi siempre está vinculado Montcau y su dueño Daniel Cascales. En estos momentos, Digital Hits tiene frecuencias en Barcelona (89.5), Penedès Garraf (100.9), Girona (93.5), Pallars Tierras de Lleida  (95.8), Amposta 106.0, Manresa (101.7) y tiene la externalización de Sarrià de Ter y Girona.

Ley Audiovisual catalana

Las fuentes consultadas por este diario indican que esta red está duramente cuestionada por montarse a base de acuerdos frustrados, centros emisores cambiados de emplazamiento, financiación municipal, alquileres y la inacción del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que ha tenido que rescatar hasta dos emisoras concesionadas.

Pero este no ha sido el único movimiento. Después de la convocatoria de las elecciones catalanas en diciembre del año pasado y con el Parlament disuelto, Junts per Catalunya intentó aprobar con urgencia la Ley Audiovisual Catalana, incluyendo una polémica normativa que cambiaba la legislación para permitir la cesión de la gestión de las emisoras locales públicas a empresas privadas como Montcau.

Una normativa a la que se opuso ERC tras considerar que no era prioritario en esos momentos. El cambio normativo que quería aprobar Presidencia hubiera avalado casos como el del Ayuntamiento de Girona, que sin tener ni personal ni infraestructura radiofónica de ningún tipo ya había cedido toda la explotación durante el anterior mandato y lo ha vuelto a hacer a favor de Montcau Producciones.

Con todo, y fruto de estas acciones legales, algunos ayuntamientos han cesado en este procedimiento ilegal de manera voluntaria y en otros casos han sido los juzgados los que les han obligado a revertir las privatizaciones. Pese a ella, son muchos ayuntamientos que tienen cesiones ilegales de sus emisoras, casos que están en los tribunales.