El Ministerio de Asuntos Económicos, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, está acelerando al máximo los plazos para aprobar la nueva Ley de Telecomunicaciones. 

De hecho, el Consejo de Ministros del pasado martes acordó solicitar a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 14 de septiembre, en relación con este anteproyecto.

Fuentes del Gobierno confirman a Invertia que esta petición cumple con el objetivo de acelerar los plazos y, en especial, los administrativos. Con ello, la Secretaría de Estado se asegura tener el dictamen de la nueva normativa para intentar cerrar el texto definitivo antes de que finalice el mes de septiembre. 

Desde Economía se reconoce que el Consejo de Estado (que debe revisar todos los anteproyectos de ley) no debería hacer grandes modificaciones en el cuerpo de una normativa, que ha sido sometida dos veces a audiencia pública tras la serie de cambios que televisiones y operadoras pidieron en primera instancia.

Esto significa que, si nada se tuerce, se enviaría el proyecto de ley al Congreso en octubre, con la esperanza de poder tenerla aprobada antes de fin de año o comienzos del próximo.

Nuevas plataformas

El Gobierno cree que tampoco deberían producirse grandes modificaciones en el trámite Parlamentario, por lo que su tramitación debería ser expedita.

En cualquier caso, antes de enviar el texto definitivo al Congreso, la Secretaría de Estado debe despejar una de las últimas incógnitas referida a la posición de las plataformas de compartición de vídeos (como YouTube, TikTok, Instagram y Twitch) en la nueva ley Audiovisual.

Una normativa que no está incluida en el actual texto que prepara el Gobierno. De hecho, la segunda revisión del cuerpo legal indica que estas plataformas solo serán considerados prestadores de servicios audiovisuales -y, por tanto, sujetos a todas sus obligaciones- siempre que las plataformas estén establecidas en España.

La realidad indica que estas empresas no suelen estar establecidas en España y casi en su totalidad tienen su sede en paraísos fiscales. Por lo que, en la práctica, seguirán sin estar reguladas en nuestro país.

Una situación que preocupa a la CNMC. En su informe valorando el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual pidió al Gobierno una mención expresa de estos prestadores en la Ley para que el marco normativo se ajuste a sus peculiaridades.

Pagos de las OTT

La CNMC lamenta que, por segunda vez, no se haya incluido la definición de los “prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos” (como son ciertos influencers).

Competencia insiste en la conveniencia de la inclusión expresa de estos prestadores en la Ley, para que en lugar de aplicarles de manera genérica el marco normativo, este se pueda ajustar a sus peculiaridades.

En cualquier caso, la nueva normativa que fue revisada en segunda instancia obligará a plataformas de pago OTT como Netflix, HBO o Disney+, a abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para financiar la televisión pública.

Del mismo modo, las operadoras que realicen despliegues de redes de 5G quedan exentas de la aportación directa del 0,9% que venían abonando desde hace más de una década en su condición de operadoras de telecomunicaciones. No obstante, los operadores seguirán financiando a través de la tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, que se amplía a 480 millones de euros.