El Gobierno ha logrado salvar este jueves la tramitación de la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual en el Pleno del Congreso de los Diputados gracias a la decisión del Partido Popular (PP) de abstenerse finalmente en la votación del texto.
En concreto, la nueva legislación audiovisual ha salido adelante con 130 votos a favor, 83 votos en contra y 125 abstenciones. Entre ellas se encuentran las ya mencionadas del PP, la de Ciudadanos y la de uno de los partidos del Gobierno, Unidas Podemos, incluidos los miembros del Ejecutivo Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón.
Además del PSOE, han votado a favor PNV, Nueva Canarias (NC) y Coalición Canaria. Por el contrario, han votado en contra Navarra Suma, CUP, Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT y VOX, según recoge Europa Press.
En la votación de las distintas enmiendas que quedaban aún vivas, el Pleno del Congreso ha rechazado la enmienda transaccional pactada por Unidas Podemos, ERC y Bildu para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, lo que ha motivado el voto en contra a la ley de los independentistas.
La Ley transpone la Directiva audiovisual europea al ordenamiento jurídico español y tiene como objetivo adaptar la legislación a la realidad del mercado, en el que han surgido nuevos agentes y donde se han desarrollado nuevos servicios audiovisuales impulsados por las tecnologías digitales.
Lenguas cooficiales
Con su aprobación en el Congreso, el texto logra superar su primer trámite parlamentario tras varios meses de polémicas en torno a aspectos como la imposición a las plataformas digitales de cuotas de producción de contenidos en las lenguas cooficiales o la definición y el tratamiento que se le da a las productoras independientes.
De hecho, uno de los votos en contra más relevantes ha sido el de ERC, partido con el que el Gobierno acordó el texto de la Ley Audiovisual que salió del Consejo de Ministros en noviembre a cambio de que la formación política catalana apoyara los Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
En concreto, las dos formaciones pactaron fijar en la ley que las plataformas bajo demanda deben reservar un 30% de su catálogo a obras europeas, del que la mitad (el 15% del total) deben ser obras en lenguas oficiales en España.
De esa subcuota, el 40% tiene que estar en alguna de las lenguas cooficiales del Estado, lo que supone que el 6% del total del contenido debe estar en lenguas como el catalán, el gallego o el euskera.
Definición de productor independiente
Sin embargo, pese a este acuerdo inicial en torno a la producción de contenidos en lenguas cooficiales, ERC ha decidido finalmente votar en contra después de que el PSOE decidiera incluir a última hora una enmienda en la que se modifica la definición de productor independiente.
Durante su intervención en el Pleno, el diputado de ERC, Joan Margall, ha acusado al Ejecutivo de "dinamitar el acuerdo" que habían alcanzado ambos partidos al cambiar dicha definición y ha subrayado que las leyes las dictan los legisladores y no las empresas.
Esta enmienda también ha dividido a los partidos que conforman la coalición de Gobierno, ya que Unidas Podemos se ha sumado a las críticas vertidas por las asociaciones de productores de cine y audiovisual. Incluso ha presentado una enmienda transaccional junto a ERC y Bildu para volver a cambiar la definición.
Sin embargo, dicha enmienda ha sido rechazada por 215 votos presentes en el hemiciclo más seis telemáticos que votaron no. Además, contó 51 abstenciones y 69 síes presentes, más cuatro telemáticos
Por su parte, aunque su formación ha acabado absteniendose, el diputado popular Juan Luis Pedreño ha criticado el "despropósito" que ha supuesto todo lo relacionado con la Ley de Comunicación Audiovisual "con lo fácil que era", ya que se trataba únicamente de trasponer la directiva europea para el sector.
Además, ha recordado que la Comisión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por el retraso en esta transposición, que debería haber sido aprobada antes del 19 de septiembre de 2020. Ante esta tardanza injustificada, Bruselas incluso pide que se le impongan al país sanciones financieras.