El Senado ha dado luz verde definitiva a la nueva Ley de Comunicación Audiovisual. El Pleno ha aprobado este miércoles el texto tal y como llegó del Congreso de los Diputados, ya que durante su paso por la Cámara Alta no se ha incorporado ninguna enmienda a ley.
Según recoge Europa Press, el texto ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE y el PNV y a la abstención del PP, como ya ocurriera en el trámite en comisión. En cambio, ha suscitado el rechazo de ERC, VOX, Más Madrid, Junts per Cataluña, Geroa Bai y EH Bildu, muy críticos por la negativa a introducir cambios en el Senado.
En consecuencia, la Ley de Comunicación Audiovisual concluye aquí su trámite parlamentario, que se ha realizado por la vía de urgencia, y entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante los próximos días.
Esto supone que finalmente se mantendrá invariable la definición de productor independiente que se introdujo en el Congreso de los Diputados y que llevó a Unidas Podemos a abstenerse por primera vez en dicha cámara en la votación de un texto salido del Consejo de Ministros.
Además, también llevó a los socios parlamentarios habituales del Ejecutivo, como ERC, a votar en contra de una ley que inicialmente contaba con el beneplácito del partido catalán tras llegar a un acuerdo sobre la producción en lenguas cooficiales en las plataformas digitales.
Productor independiente
Según confirmaron hace unos días fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia, el Gobierno ha decidido no aceptar ninguna de las enmiendas que proponían devolver a su redacción original la definición de productor independiente y buscar una solución a este conflicto en la futura Ley del Cine, que el Ejecutivo tiene previsto llevar al Congreso a finales de este año.
Hasta ocho partidos de distinto signo político habían presentado en el Senado enmiendas al proyecto para eliminar este cambio que se realizó a última hora en el Congreso y que puso en pie de guerra a la industria cinematográfica española.
El PSOE ha justificado su rechazo a las más de 280 enmiendas a través de su portavoz en la materia, Olivia Delgado, quien ha indicado que en "ningún caso se trata de aplicar ningún rodillo" y que han demostrado "con creces" que ponen por delante "el diálogo y el consenso" para mejorar las leyes, pero en este caso "la ley, como está, es una buena ley y es fruto del diálogo permanente".
Hace unos días, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, quiso tranquilizar al sector asegurando que el Gobierno "entiende" sus quejas. "Quedamos emplazados para la Ley del Cine para mejorar aquellos elementos de la definición de producción independiente que el sector plantea", incidió Iceta.
Según ha denunciado el sector, la definición que hace la Ley Audiovisual permite a un productor que esté vinculado a un grupo audiovisual tener categoría de independiente si realiza una serie o película para otras grandes compañías con las que no tenga vínculos. Así, por ejemplo, un productor vinculado a Atresmedia podría generar contenido para Mediaset y tener categoría de independiente y viceversa.
La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes afirma que esto podría suponer "el final de una industria floreciente y estratégica" para el país. Así, advierte de que esta modificación pone en riesgo 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes. Además, asegura que deja indefensos al talento y a los creadores frente a los grandes conglomerados corporativos.
Denuncia ante el TJUE
Otro de los motivos que ha llevado al PSOE a no aceptar ninguna enmienda y aprobar la Ley Audiovisual tal cual salió del Congreso ha sido la denuncia de la Comisión Europea a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) por el retraso en su aprobación, después de que el Ejecutivo ignorara dos avisos previos.
La norma es la encargada de incorporar a la legislación española las disposiciones de la directiva comunitaria sobre servicios de comunicación audiovisual, cuyo plazo de transposición vencía el 19 de septiembre de 2020. Bruselas no sólo pide al TJUE que condene a España por este retraso, sino también que se le impongan sanciones financieras, cuyo importe no se ha hecho público.
[Bruselas lleva a España al TJUE por el retraso en aprobar la Ley Audiovisual y reclama una multa]
Aprobar cuanto antes el texto es precisamente uno de los motivos que ha llevado al Partido Popular a decidir abstenerse en el Pleno del Senado como ya hizo en el Congreso. "El sector al final prefiere una ley mala, rápida, antes que el vacío", ha afirmado este miércoles la senadora 'popular' Esther Basilia del Brío.