Sanción histórica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por primera vez, el regulador ha sancionado a un periodista por uso de información privilegiada. En concreto, ha multado a Agustín Marco, adjunto al director de El Confidencial con 15.000 euros por la compra de acciones de la constructora Obrascón Huarte Laín (OHL).
Según la CNMV, estamos ante una "infracción muy grave" tipificada en la Ley del Mercado de Valores. De ahí que haya decidido imponer una sanción al periodista por "abuso de mercado" al haber adquirido "por cuenta propia" de títulos de OHL el 7 de marzo de 2019.
Cuatro días más tarde El Confidencial publicaba que el grupo italiano Salini Impregilo estaba interesado en adquirir la constructora del Grupo Villar Mir. En concreto, la información aseguraba que se había contratado al banco de inversión GBS Finanzas para llevar a cabo la operación que, sin embargo, no llegó a materializarse.
Ese día, 11 de marzo de 2019, OHL subió un 6,8%, pese a que el propio grupo italiano llegó a desmentir su interés por la constructora española.
En conversación con EL ESPAÑOL-Invertia, Marco ha reconocido haber comprado los títulos de la compañía de Villar Mir. Ahora bien, asegura que en ningún momento se ha lucrado de ellos y que sigue teniendo en cartera las acciones. Es más, insiste en que si hubiera vendido en el momento de mayor revalorización, hubiera logrado unas plusvalías ligeramente superiores a los 800 euros.
Explicaciones de Marco
Marco explica a este diario que en ningún momento buscaba lucrarse, y que prueba de ello es que las acciones siguen en su cartera y -además- con minusvalías. Sin embargo, la legislación comunitaria especifica que la posesión de acciones compradas con información privilegiada es sancionable, incluso, aunque no se obtengan plusvalías de forma inmediata como es el caso.
En cualquier caso, el periodista asegura que va a recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional y confía en que sea revocada la sanción.
Se trata de la primera sanción por información privilegiada que se aplica contra un periodista. En la mayor parte de los códigos éticos y estatutos de redacción en los medios en los que existe, se contempla la incompatibilidad de ejercer la información financiera y la compra-venta de acciones en bolsa.