"Estrangular la publicidad de las webs que difunden bulos es la mejor vía para acabar con la desinformación". Es el titular que ha lanzado este miércoles el diario El País a través de un push (alerta a los teléfonos móviles de sus usuarios). Una noticia que llega tan sólo 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificara como "un gran bulo" y "todo mentira" las informaciones que se están publicando sobre su mujer, Begoña Gómez. 

El artículo en cuestión se refiere a una publicación de la revista Nature en la que los autores de una investigación sugieren que los anunciantes deben tener la posibilidad de conocer en dónde se invierte el dinero que destinan a publicidad programática. Es decir, aquella que se distribuye de forma automática a través de grandes comercializadores que subastan los espacios disponibles al mejor postor. 

Según los autores de la investigación, los anunciantes "no son conscientes" de dónde va a parar su dinero. Por tanto, proponen que haya más "transparencia" para que sepan dónde se invierte. También apuestan por la creación de "plataformas" dedicadas a decirles a las empresas qué medios están difundiendo bulos. Es decir, una especie de comisarios de la verdad que sean "independientes". 

Todos los datos emitidos por esos verificadores servirían para beneficiar a medios que publiquen informaciones contrastadas. Sobre todo porque el análisis afirma que "las mujeres votantes de izquierdas" reaccionan muy negativamente a las fake news. Así que para incentivar todavía más el cambio, el estudio propone que se hagan públicos los nombres de empresas que invierten en las webs que difunden fake news. 

Con su titular y su push El País se suma así a la tesis que vienen promoviendo desde hace semanas Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y buena parte de su Ejecutivo. La última vez, este martes en la segunda carta a la ciudadanía, en la que se refirió también como "burdo montaje" de las derechas a la información que se publica sobre la actividad de Begoña Gómez al frente de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense. 

Alerta informativa

Para amplificar el mensaje, El País ha hecho de una noticia un título editorializante (casi a modo de consigna) que ha lanzado en formato de alerta. Un sistema que los medios suelen emplear para la última hora, con aquel contenido que el usuario debe conocer por su relevancia. En especial porque la tasa de apertura de esas alertas no llega al 5%. Es decir, que el lector no profundiza en la lectura de la noticia y se queda exclusivamente con el contenido del titular.

Algo importante en un asunto como este, puesto que -además- la misma noticia del diario El País se refiere a otra publicación de Nature en la que se asegura que "la exposición a los bulos es relativamente baja, y muy concentrada en grupos sociales con fuerte motivación para consumir este tipo de contenidos". 

La tesis emitida por El País coincide con la que promueve el Gobierno. Es decir, la contraria de lo que aporta ese segundo estudio. Da la sensación de que los bulos campan a sus anchas por los medios españoles, y llegan de forma permanente y sistemática a los ciudadanos. Algo que obligaría a poner puertas al campo de Internet, creando verificadores de datos, de noticias... Y ahora, también de medios. Un paso más en la conexión que se ve de forma sistemática entre el diario del Grupo Prisa y Moncloa. 

Esa conexión queda de relieve en el hecho de que El País recibe todas las filtraciones significativas que provienen del Gobierno en detrimento de sus competidores.  

Publicidad institucional

La difusión de esta esta tesis coincide con los cambios que promueve ahora el Gobierno en la manera de gestionar la publicidad institucional y, en concreto, los criterios para distribuirla. El objetivo es dejar a un lado la audiencia (objetiva y auditada por GfK DAM) para dar paso a criterios subjetivos. Como ha contado EL ESPAÑOL, en Moncloa todavía están definiendo la fórmula en la que lo harán, pero el trabajo lleva meses en marcha. 

La introducción de esos caminos más subjetivos es algo que gusta en Prisa. De hecho, el CEO de Prisa Media, Carlos Núñez, ha insistido en varias ocasiones en que es necesario mirar a las suscripciones como si un suscriptor tuviera mayor derecho a la información institucional que un no suscriptor. Hacerlo mediante "auditorías independientes" que "servirían de orientación" a profesionales, lectores y anunciantes. 

No es la única medida que se estudia. Encima de la mesa está también la transposición de la Ley Europea de Medios que debe llegar en los próximos meses. Ahí el Gobierno también busca la manera de retratar a lo que ha denominado "pseudomedios". En ella se promueve la transparencia mediante la publicación de los propietarios de los medios de comunicación; pero también mediante la puesta a disposición del público de las cantidades que reciben en dinero público. 

Una normativa que exige también transparencia en la manera en la que se reparte el dinero en la publicidad institucional. Fundamentalmente en los criterios que los gobiernos europeos aplican a la hora de adjudicarlos. Algo que, por el momento, Moncloa no cumple. La fórmula en la que los medios reciben la publicidad es absolutamente opaca, y no hay forma de conocer de qué modo se hace. 

Falta transparencia

En una respuesta de Transparencia a EL ESPAÑOL-Invertia, la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno explica que "los datos relativos a las campañas de publicidad institucional realizadas en 2023 estarán disponibles cuando se elabore el informe anual". Sin embargo, dicho documento todavía no ha sido publicado por la Moncloa porque no se ha aprobado en Consejo de Ministros.

También se reconoce que "el cumplimiento de los objetivos se analiza mediante un servicio de evaluación ex post, esencial para la medición y para la mejora continua de esta actividad comunicativa". Pero no se dan detalles de cuáles son los puntos analizados.

Unas propuestas a las que también Podemos ha hecho sus propias aportaciones. En los últimos días el grupo morado ha registrado una proposición de ley en la que se obliga a todo lo anterior, pero también a que los directivos, presentadores o periodistas estrella hagan una declaración de bienes para comprobar si existen conflictos de intereses en las informaciones que publican.