Pero el pasado verano, el magistrado cerró la causa. Así consta en un auto, fechado el 15 de julio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Pedraz tomó esta decisión al no dar resultado las comisiones rogatorias (solicitudes de apoyo judicial dirigidas a las autoridades de otro país) que mandó a las Islas Vírgenes y a Bélgica.

Esta causa judicial se inició con la denuncia presentada por Atresmedia, Movistar Plus y Mediaset, que se quejaban de que en la app de mensajería se compartían contenidos audiovisuales sobre los que estas tres empresas poseen los derechos. Se trataba de series nacionales e internacionales, emisiones deportivas en directo, telenovelas turcas...

Sin embargo, las cuentas que difundían este contenido ya han sido bloqueadas. Así lo reconocía Pedraz en el auto de archivo de la causa.

"La información suministrada en virtud de la orden europea de investigación supone la imposibilidad de descubrir la identidad de los responsables de las descargas de los contenidos denunciados", reconoce. "Sólo la colaboración de la plataforma Telegram podría haber facilitado el avance de la investigación al facilitar los datos requeridos", reprocha a la compañía.

"En todo caso, los objetivos de la presente investigación, que es impedir la comisión de los delitos denunciados, se ha conseguido al bloquearse las cuentas @[omitido], @[omitido], @[omitido], @[omitido], @[omitido]y @[omitido] por parte de la plataforma Telegram, impidiendo el acceso a los usuarios a los contenidos ilegales".

"En consecuencia, y por los expuesto, tras agotar las vías de investigación sin que se haya identificado a los responsables, es procedente acordar el sobreseimiento provisional de la presente causa", concluye.

Bloquear Telegram

Cuando Pedraz recibió la denuncia de las tres compañías audiovisuales, como medida cautelar, el juez ordenó el bloqueo de la aplicación en España. Posteriormente, tras la enorme polémica que generó su decisión y antes de que ésta se ejecutase, reculó.

Solicitó entonces a la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional que elaborara un informe "sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal" del servicio. Finalmente, descartó la idea.

Fue el pasado verano cuando Pedraz acabó por archivar la causa, al comprobar que los enlaces que daban acceso a este contenido pirata habían sido eliminados. Y la comisión rogatoria enviada a Islas Vírgenes, paraíso fiscal en que se encuentra la matriz de la compañía Telegram, no aportó información que permitiese a la Audiencia Nacional identificar a los autores del supuesto delito.

Si fuese necesario, una vez recibida la información internacional que nunca llegó a manos de la Justicia española, Pedraz se planteaba, incluso, citar a declarar al fundador de Telegram, Pavel Durov.