Doce meses han transcurrido desde aquella mañana de abril en la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en el domicilio del exbanquero, ubicado en un tranquilo y residencial barrio de la capital de España, en busca de documentación comprometida tras cinco años de sospechas.

Catorce horas de registro después y bajo la atenta vigilancia de una decena de objetivos, agentes del Instituto Armado abandonaban el hogar de la familia Conde con un mediático botín del que, al margen de información sobre empresas del entramado y 40.000 euros en efectivo, formaba parte el propio exbanquero.

Mario Conde, brillante estudiante que con tan sólo 24 años firmó la nota más alta alcanzada nunca en unas oposiciones a Abogado del Estado, volvía a estar así en el ojo del huracán, el mismo del que parecía haberse distanciado en 2008 cuando obtuvo la libertad condicional por el saqueo de Banesto.

Sin embargo, los más de seis años que cumplió condena en la prisión madrileña de Alcalá-Meco no fueron óbice para que la Guardia Civil prosiguiera con su cerco al exbanquero en una investigación que comenzó en 2011 y que perfila a Conde como líder de una presunta trama de blanqueo de capitales.

De este modo, según denunciaba la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en su primer informe, habría blanqueado, desde 1999, 13 millones de euros, procedentes de la responsabilidad civil de los casos Banesto y Argentia Trust que no llegó a satisfacer completamente, con la ayuda de otras catorce personas, entre ellas sus hijos, Mario y Alejandra.

El documento, que describía esta operativa como propia del crimen organizado, concluía que los ingresos conocidos por la Agencia Tributaria eran "un tanto exiguos" dadas sus frecuentes apariciones en televisión y las ventas de sus libros, y detectaban hasta ocho posibles delitos fiscales.

Tales hechos devolvieron a Conde a prisión durante dos meses, los mismos que permanecieron bajo arresto su hija, Alejandra, y el abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, ambos destacados en los apuntes de los investigadores por su papel activo.

Desde finales del pasado junio, el juzgado central de Instrucción número 1 ha mantenido activa la causa con la toma de declaraciones en calidad de testigos a directivos de bancos en los que la familia disponía de cuentas.

Pero también con otras diligencias como las comisiones rogatorias a países como Reino Unido y Suiza, de los que procedía buena parte del capital supuestamente repatriado por Conde para satisfacer gastos personales, cuya contestación ya obra en poder del magistrado, según ha podido saber Efe.

No obstante, los vínculos a analizar se extienden a otros Estados de los que procedían las transferencias como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos e Italia, así como a territorios de riesgo fiscal con los que España no tiene cooperación, como Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.

Conde afronta este año decisivo sin esconderse, aunque apartado de las cámaras, aquellas que le encumbraron en la década de los ochenta y que, tiempo más tarde, le vieron resurgir como el fénix que, paradójicamente, da nombre a este caso.

Mientras la Audiencia Nacional dirime su situación, el exbanquero se aferra al "encaje Cataluña", a la deriva de Europa tras el "brexit" o a la Administración Trump para no salir de esta realidad en la que, a diferencia de otros personajes públicos investigados, ha logrado consolidarse como líder de opinión entre sus seguidores.

Y es que, como se lamentaba en una de sus últimas publicaciones: "Estamos ante un mundo muy complicado y complejo".

Un universo de opiniones divididas en el que la justicia tiene ante sí el reto de salvar los "inevitables blancos, grises y negros" a los que aludía el exbanquero en una conocida red social, consciente de que esa realidad que tan profusamente analiza puede acarrearle un nuevo proceso casi dos décadas después.