En declaraciones a los medios tras registrar en la sede del Defensor del Pueblo un documento pidiendo el amparo de la institución, Bou ha asegurado que los empresarios "no se quedarán con los brazos cruzados" y ha informado de que, según un estudio propio, más del 60 % de los empresarios de esta asociación (que representa a 400 compañías catalanas) estaría dispuesto a deslocalizar sus empresas e irse de Cataluña.
Bou ha subrayado que la puesta en marcha de una agencia tributaria catalana dejaría "como residual o inexistente" la Agencia Tributaria del Estado.
"No nos podemos imaginar a un empresario de Vic o Girona con dos recibos a pagar, uno de la Administración catalana y otro del Estado", ha resaltado.
"Eso es algo que no puede ocurrir, es ciencia ficción, crea una gran inseguridad jurídica y perjudica el crecimiento económico y el empleo", ha dicho el presidente de esta organización empresarial, que agrupa a más de 400 empresarios favorables a que Cataluña permanezca en España y Europa, y que por tanto rechaza la secesión.
En este sentido, Bou ha argumentado que desde 2012 hay un saldo negativo de las empresas en Cataluña, es decir, que han salido más de las que han entrado.
A su juicio, "algo está ocurriendo en la conciencia y en la moral de las empresas" pero, además, la inversión pública ha ido aguantando hasta el año pasado, "que se ha desplomado".
Bou ha comentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho un "ridículo espantoso" dando vueltas por el mundo "y preocupando a los empresarios".
En su opinión, Puigdemont "no ha hecho otra cosa" que pedir apoyo para la desconexión con España.
"Tenemos un mercado de 40 millones de consumidores que no se puede perder de ninguna de las maneras", ha indicado.
No obstante, Bou ha dejado claro que los empresarios no temen represalias por parte de la Generalitat, aunque sí hubo un tiempo en el que estaban preocupados.
Otra cuestión, ha dicho, sería que la Administración catalana comenzará a actuar por su cuenta. "Entonces, empezaríamos a tener cierto temor", ha admitido.
Bou ha insistido en que confía plenamente en el Estado, en el Poder Judicial y en el Gobierno de la nación y que quiere entender que la ley se va a aplicar "en la medida y con la ponderación necesaria".
De no ser así, ha vaticinado que lo que puede ocurrir en Cataluña es que "la democracia quede deshecha".
Previamente a entregar en el Defensor del Pueblo el escrito de queja, Bou ha mantenido un encuentro con su presidenta, Soledad Becerril, a quien ha visto "receptiva" a sus demandas.
En concreto, esta asociación ha pedido a la defensora del pueblo que intervenga con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y las empresas frente a la pretensión del Parlament de aprobar las denominadas leyes de desconexión.