Según datos facilitados a Efe por el departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña, este es el importe total de las amortizaciones de estos préstamos -buena parte de los cuales ligados al FLA- correspondiente a 2017 y 2018.
En concreto, la Generalitat deberá retornar 3.992,9 millones en 2017 y 5.454 millones el año que viene.
Y es que en 2012, poco después de solicitar el rescate para la banca española a la UE, el Estado creó el llamado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Con la prima de riesgo disparada, las comunidades vieron cerrado su acceso a los mercados, y el entonces conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, reclamó con insistencia la creación de unos "hispabonos", una especie de emisiones conjuntas de deuda del Estado y las comunidades con la garantía del Tesoro Público.
Finalmente, el Gobierno optó por crear el FLA, un mecanismo de provisión de liquidez a las comunidades gestionado por el Instituto de Crédito Oficial y que consistía, en la práctica, en que el Estado se endeudaba en lugar de las comunidades y luego prestaba ese dinero a éstas.
Así pues, las comunidades adheridas al FLA firmaron ejercicio tras ejercicio préstamos a diez años con el Estado para cubrir el déficit generado durante los años de la crisis y para poder atender así los servicios sociales básicos.
Esos préstamos se concedieron con los dos primeros años de carencia, pero pasado ese período las comunidades tenían que empezar a amortizar capital.
La recuperación económica ha hecho aumentar la recaudación fiscal en los últimos años y las comunidades han podido reducir paulatinamente sus niveles de déficit, pero por el momento siguen dependiendo del FLA, aunque Cataluña ya ha empezado a tantear el terreno para volver a emitir deuda.
Todos estos factores han hecho, en la práctica, que parte del dinero que se reclama al FLA -la Generalitat pidió este año 7.345 millones- esté ya usándose para retornar los recursos solicitados en años anteriores a través de este mismo mecanismo.
En 2017, por ejemplo, las amortizaciones del FLA ascienden a 3.992,9 millones de euros, de los cuales 833,1 millones corresponden al FLA de 2012; un total de 1.351,8 millones al FLA de 2013; 989,1 millones al de 2014 y 818,9 millones a los mecanismos de pago a proveedores.
En cuanto a 2018, la "factura" del FLA se elevará hasta 5.454 millones de euros, de los cuales 833,1 millones corresponden a la amortización del FLA de 2012; 1.351,8 millones al FLA de 2013; 989,1 millones al FLA de 2014; 1.411,5 millones al de 2015; 49,6 millones al llamado FLA social y otros 818,9 millones a los mecanismos de pago a proveedores.
Además de amortizar capital, la Generalitat ha pagado en intereses asociados al FLA un total de 1.950,7 millones de euros entre 2012 y 2016, y estima que abonará unos 384 millones este año.
La Generalitat se ha quejado en los últimos años de que durante la mayor parte de ejercicios que lleva en vigor el FLA, haya tenido que pagar un interés extra al pagado por el Estado por colocar su deuda, y ha denunciado que el FLA es fruto de las carencias del actual sistema de financiación autonómica.
Con este escenario de fondo, tanto el Gobierno como las comunidades han empezado a abrir el debate acerca del futuro del FLA como mecanismo de provisión de liquidez a las comunidades y sobre la deuda asociada a él, puesto que, en el caso de Cataluña, un 66 % de su deuda, que se sitúa en 75.098 millones, ya está en manos del Estado. EFECOM
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