La venta de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, en inglés), que actualmente cuenta con 688 millones de barriles y quedarían en apenas 270 millones barriles, comenzarían este año por valor de 500 millones de dólares y alcanzarían 16.000 millones en la próxima década.
"Creemos que es lo responsable que hay que hacer (...) El riesgo se reduce drásticamente cuando hemos incrementado la producción como lo hemos hecho", dijo Mick Mulvaney, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca.
Mulvaney se refería así al fuerte incremento de la producción nacional debido a la técnica de la fracturación hidráulica, que ha acercado a EEUU a la independencia energética.
La SPR fue establecida como almacén de emergencia en 1975 durante la crisis energética de entonces, generada por el embargo a la venta a ciertos países, incluido EEUU, impuesto por los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
"Dada la trayectoria a largo plazo de producción de energía y capacidad de transporte, una SPR más pequeña se proyecta que sea capaz de continuar con nuestras obligaciones internacionales y necesidades de emergencia", señala el plan de Trump.
También propone aumentar los ingresos federales a través del otorgamiento de licencias de exploración en el Refugio Nacional de Vida Salvaje del Ártico, en Alaska, un área medioambiental protegida en la que se calcula que hay 12.000 millones de barriles de crudo
Con estos permisos, se calcula que se generarían 1.800 millones de dólares adicionales.
No obstante, esta propuesta cuenta con la oposición frontal de los grupos medioambientales y no asume la dificultad y los altos costes operativos en un lugar tan remoto y con condiciones meteorológicas tan extremas.
Asimismo, plantea la supresión del acuerdo para compartir las regalías por la exploración petrolera con los estados del Golfo de México, algo que encontrará la oposición de legisladores de estados como Luisiana, Misisipi o Texas, que reciben actualmente el 37,5 % de los pagos de las empresas petroleras al gobierno federal.
También sugiere la venta de líneas de transmisión de electricidad de propiedad federal a inversores privados en varios estados del oeste del país por un valor de 2.400 millones de dólares.