El asunto se trató en un Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE.

"Esta directiva es una parte importante de nuestro plan para reforzar la certidumbre fiscal y mejorar el clima de negocios en Europa", dijo en un comunicado el ministro de Finanzas de Malta, Edward Scicluna, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE.

El hecho de que los Estados miembros puedan cobrar impuestos dos veces sobre los mismos ingresos o capitales "puede generar serios obstáculos" en los negocios entre países, al crear una carga impositiva excesiva, ser susceptible de causar distorsiones económicas y tener un impacto negativo sobre los ingresos transfronterizos.

Ahora la Unión cuenta solo con un sistema de arbitraje que ha sido poco efectivo a la hora de lidiar con estos casos, en los que dos países reclaman impuestos a un contribuyente por los mismos ingresos o capital.

La directiva propuesta prevé crear un nuevo mecanismo de resolución que sea obligatorio y vinculante para los Estados, que incluya límites de tiempo para cerrar los casos y que esté controlado por un panel de árbitros independientes y representantes de cada país en disputa.

Los ministros lograron resolver los puntos pendientes, en particular el alcance de la directiva (los tipos de disputas que cubriría), los criterios para asegurar la independencia de los árbitros y la posibilidad de crear de cara al futuro una estructura permanente para resolver los casos en la que tuviese poder el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La normativa prevé un "procedimiento de acuerdo mutuo", que se iniciaría por el pagador de los impuestos, bajo el cual los países pueden alcanzar un acuerdo en el plazo de dos años.

Si eso falla, se aplicaría un procedimiento de arbitraje para resolver la disputa en un plazo determinado y para ello se nombraría un panel compuesto por tres árbitros independientes, junto a dos expertos de cada país en disputa.

El compromiso logrado por el Consejo se refiere al ámbito de la directiva y establece que el mecanismo cubrirá un "amplio abanico" de casos del que podrán excluirse, sin embargo, los que no sean estrictamente de doble imposición.

Asimismo, los países pactaron los criterios para garantizar la independencia de los árbitros y fijaron que estos no podrán ser empleados de compañías de asesoría fiscal o haber proporcionado estos servicios de forma profesional, en tanto que el presidente del panel deberá ser un juez.

También hubo consenso sobre la posibilidad de establecer una estructura permanente para abordar los casos de resolución de disputas si los Estados acuerdan hacerlo así.

Tras el acuerdo de hoy, el Consejo adoptará la directiva una vez que la Eurocámara le dé el visto bueno.

Los países tendrán hasta el 30 de junio de 2019 para adaptarla a sus legislaciones nacionales.