En rueda de prensa, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha señalado que, tras esas sentencias, se pusieron en contacto con el Gobierno, al que apremiaron para que rellenase ese "vacío legal" y resolver "la inseguridad jurídica".
Ahora le van a remitir "dos grandes propuestas": reformar el impuesto, fijando su base liquidable con criterios objetivos y que el catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que resolvería "la indefinición que describe el Tribunal Constitucional".
La otra opción consistiría en una base imponible para ser gravada, que fuese el valor de venta menos el valor de compra y se aplicaría la minusvalía o plusvalía real que hubiese en cada caso.
Caballero, que ha asegurado que no han hecho desde la FEMP una estimación de las pérdidas por la anulación de parte de este impuesto, sí ha reconocido que, por la liquidación de impuestos de años anteriores, los ingresos municipales por este concepto fueron en 2016 de unos 2.000 millones de euros.
La FEMP espera que el Gobierno remita a las Cortes el proyecto de ley que exigen "en semanas"