Según han explicado las mismas fuentes, este funcionario español, junto con otros dos expertos italiano y eslovaco, han sido acusados de actuar incorrectamente en la elaboración de un informe no vinculante que contempla "pérdidas millonarias" en un proyecto del fondo de privatizaciones.

Estas pérdidas superan el límite establecido en la legislación helena para que el caso sea considerado como un proceso penal. España pide que se garantice la inmunidad de los expertos que participan en el fondo del rescate heleno, algo a lo que Atenas se ha comprometido pero aún no ha cumplido, como condición para aprobar el desembolso en la junta del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

Esta noticia llega el día después de que los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) desbloqueasen un nuevo desembolso del rescate de Grecia, de 8.500 millones, que permitiría a Atenas hacer frente a los vencimientos de deuda y atrasos de pago de julio.