El comité de comercio internacional del Parlamento Europeo votó mayoritariamente a favor de un texto que daría a la UE mayor margen para imponer aranceles a productos que provengan de países donde el estado interfiera con la economía.
La propuesta parlamentaria forzará a negociaciones con los 28 países miembros, que el año pasado acordaron normas más restrictivas para casos de dumping.
El comercio está destinado a ser uno de los asuntos clave de la cumbre de líderes de la UE en Bruselas el jueves y el viernes, cuando Francia, Alemania e Italia presionarán para tener la capacidad de examinar las inversiones extranjeras.
La UE ha defendido el libre comercio como contrapeso a una postura más proteccionista del presidente estadounidense, Donald Trump, pero su énfasis ahora es más en el comercio "justo" que en el "libre".
Las conclusiones del borrador para la cumbre subrayan que el comercio debe ser recíproco y haría que los líderes tuvieran que preguntar a la Comisión Europea para tomar más medidas de defensa comercial y examinar formas para supervisar las inversiones en sectores estratégicos.
La cumbre UE-China de este mes se vio empañada por las diferencias sobre comercio, y la UE aún se resiste a la demanda de Pekín de ser tratada como una "economía de mercado" 15 años después de unirse a la Organización Mundial del Comercio.
Por el momento, China es tratada como un caso especial en el que se establece dumping si el precio de la exportación de un producto determinado es inferior al de un tercer país, como Estados Unidos.
La Comisión Europea, ahora respaldada por los 28 países miembros, cree que debe cambiar y que todos los miembros de la OMC, incluida China, deben ser tratados por igual, por lo que el dumping sólo se daría si los precios de exportación son inferiores a los precios nacionales.
Sin embargo, pese a no nombrar a China, el plan incluye una excepción para "distorsiones de mercado significativas" que despejaría el terreno para aranceles antidumping considerables.
Los europarlamentarios argumentan que han de definirse ampliamente unas necesidades "significativas", estableciendo una larga lista relativa a la interferencia estatal. Añadieron que investigadores deberían supervisar que se cumplen patrones medioambientales, laborales y fiscales internacionales.