En un comunicado, la patronal señala que la nueva subasta producirá una acumulación de potencia renovable a instalar, con la construcción de 6.000 megavatios (MW) en solo dos años y medio, "potencia que podría ampliarse sin límite en el caso de que el coste para el sistema sea inferior al que el Gobierno establezca en la cláusula de confidencialidad que se incluirá en la resolución por la que se convoque la subasta".

Para APPA, estos 6.000 MW nuevos, que tendrán que instalarse antes del 31 de diciembre de 2019, suponen "una carga excesiva" para un sector que ha estado cinco años "paralizado por decreto" y encarecerán la ejecución de los proyectos.

Además, considera que el hecho de que el Gobierno desconociera a comienzos de año la capacidad renovable que iba a subastar en mayo y la existencia de una subasta adicional en julio, "constata la improvisación y falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico peninsular".

Así, el presidente de APPA, José Miguel Villarig, cree que el que se adjudiquen "3.000, 6.000 o 10.000 MW al máximo descuento no es motivo de celebración". "Cuando estos proyectos estén instalados, estén vertiendo electricidad limpia a nuestro 'mix' y su rentabilidad permita mantener industria y generar empleo de calidad y estable, entonces hablaremos de éxito", añadió al respecto.