"Si se van los británicos faltarán entre 10.000 y 12.000 millones y no podemos hacer como si no hubiera pasado nada (...) Eso va a tener algún impacto y por lo tanto va a haber que hacer algunos recortes o cambios", ha afirmado el comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, aunque posteriormente a señalado que estas reducciones no serán suficientes para "colmar" la falta de ingresos por el Brexit.
Oettinger ha asegurado ser "realista" porque la salida de Reino Unido del bloque comunitario provocará una caída de los ingresos de la UE del 16%, por lo que será necesario que los Estados miembros tengan que debatir dónde se aplican los "recortes". "Por eso, durante los debates sobre el 'Brexit' tendremos que hablar de una mezcla de ahorro, recortes y nuevo dinero", ha explicado.
El comisario alemán ha explicado que el bloque comunitario tendrá que hacer frente a dos "agujeros" presupuestarios durante la próxima década, ha explicado el comisario alemán. Junto con el 'Brexit', la UE tendrá que asumir nuevas partidas dedicadas a "desafíos" como la protección y seguridad de las fronteras, la gestión de los movimientos migratorios y la defensa.
"Con el documento que hemos presentado hemos intentado desglosar distintas opciones e hipótesis sobre cómo podemos enfrentarnos a estos desafíos para colmar las lagunas que hay", ha señalado Oettinger.
En texto presentado por el Ejecutivo comunitario inicia el debate marco financiero plurianual de la Unión Europea, que se aplicará a partir de 2021. Bruselas abre la puerta en su documento a limitar este plan plurianual a cinco años en lugar de siete como actualmente, pero la propuesta concreta para este marco no llegará hasta 2018.
VINCULAR LOS FONDOS AL RESPETO DEL ESTADO DE DERECHO
En concreto, el documento plantea algunas opciones para revisar la política de cohesión de la Unión Europea. Entre ellos, Bruselas propone establecer nuevos criterios para el reparto de fondos, vinculados a "desafíos" como la demografía, el desempleo, la inclusión social, la migración, la innovación o el cambio climático.
Otro de los aspectos que incluye el texto es la posibilidad de vincular la asignación de fondos europeos al respeto por el Estado de Derecho. "El documento es muy claro, el Estado de Derecho influye en la calidad de la administración, en el funcionamiento del sistema judicial y en el marco legan en el que operan las empresas", ha subrayado la comisaria de Política Regional, Corina Cretu.
La Comisión Europea aboga por flexibilizar la política de cohesión, de forma de que sea posible hacer frente a nuevos retos, y por incrementar los niveles de cofinanciación nacional de estas políticas, con el objetivo de "calibrarlos" mejor para los diferentes países y regiones y para "aumentar la titularidad y la responsabilidad".
El Ejecutivo comunitario también platea una modificación similar en el caso de la Política Agraria Común (PAC), para la que propone introducir "un grado de cofinanciación nacional" en los pagos directos. Además, Bruselas cree que hay "margen" para mejorar el rendimiento de la PAC a través de un mayor énfasis en incentivar a los productores a invertir en nuevas tecnologías y protección medioambiental.
Además de en mejorar la eficiencia del gasto y de recortar la cuantía de los fondos, la Comisión Europea expone la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingresos propios de la UE, que se añadan a los recursos obtenidos por el IVA y en las aduanas.
Entre las posibilidades que ofrece Bruselas en el texto están el sistema de comercio de emisiones de CO2 (ETS por sus siglas en inglés), una tasa sobre las transacciones financieras, impuestos sobre carburantes, electricidad o carbón, los beneficios de los bancos centrales por la emisión de moneda y el nuevos sistema europeo de información y autorización de viaje (ETIAS).