Para llegar a este punto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escenificó esta semana dos cambios clave: elevó una décima el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2018 hasta el 0,4 % del PIB y cerró un principio de acuerdo con Ciudadanos para bajar el IRPF a determinados colectivos más vulnerables.
Los dos temas han supuesto giros en los planteamientos de Montoro, que hace solo unas semanas no veía margen para tocar el IRPF en 2018 y que el pasado lunes había llevado a un Consejo de Ministros extraordinario el objetivo del 0,3 % del PIB para las CCAA.
"Son fruto de las negociaciones políticas", reconocía el propio Montoro, con vistas a sacar adelante ese límite de gasto de 119.834 millones para 2018, un 1,3 % más que en 2017.
La modificación para las autonomías -que incluye también una décima más de margen para 2019- no ha implicado cambios ni en ese porcentaje de incremento total ni en los objetivos del conjunto de las administraciones públicas que se mantendrán en el 2,2 % del PIB para 2018, el 1,3 % para 2019 y el 0,5 % para 2020.
La décima de más para las CCAA sale de la Seguridad Social, que reducirá su meta al 1,1 % del PIB en 2018 y al 0,9 % en 2019.
En cuanto a la deuda pública, el próximo año se situará en el 97,6 % y en el 95,4 % y 92,5 % para 2019 y 2020.
Todos estos objetivos de déficit y deuda son los que se debaten y votan en el Congreso y para los que el Gobierno ha buscado el apoyo de los grupos parlamentarios.
Con el acuerdo sobre el IRPF el Gobierno se ha asegurado el de Ciudadanos, mientras que el cambio en los objetivos de déficit ha movido algunos apoyos autonómicos, aunque Nueva Canarias tomará una decisión en la reunión de su Ejecutiva de mañana lunes.
Montoro ha mostrado también su deseo de sumar a las negociaciones al PSOE, que parece seguir firme en su intención de votar en contra.
El techo de gasto supone el primer paso de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales para 2018, apenas un mes después de lograr sacar adelante en el Congreso las cuentas de 2017 con el apoyo, además del PP, de Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
Estos serán previsiblemente los mismos aliados con los que el Gobierno contará el martes.
También el martes se someterán a la convalidación del pleno del Congreso los dos reales decretos para convocar una oferta de empleo público de 20.280 plazas, 15.998 ordinarias y 4.282 plazas extraordinarias (nuevo empleo) para lucha contra el fraude y la mejora de los servicios públicos.